Hay que acabar con los pulpos
[dropcap]H[/dropcap]ablar y escribir sobre temas locales es, literalmente, hacer el papel de Juan el Bautista en medio del desierto. Nadie atiende, nadie escucha y menos, que alguien accione a las instituciones para que la prevalecencia del Estado de Derecho, mantenga su vigencia en una entidad en la que cualquiera junta a dos o tres holgazanes, organiza bloqueos y cobra por el derecho a transitar. Una cosa muy distinta es la manifestación pública contra una acción contraria al interés colectivo y otra, el traspasar los límites de lo permitido, transgrediendo el derecho de los demás.
De un tiempo para acá, el derecho a manifestarse, se ha convertido en patente de corso para el ataque indiscriminado, no solo contra las instituciones responsables del caos y la anarquía, sino de la propiedad privada y las libertades civiles.
La explicación que algunas organizaciones han dado en torno a los excesos cometidos, es que se trata de personajes «infiltrados», versión que de todas formas, los deja mal parados, toda vez que desnuda la falta de control de los movimientos, por un lado y por otro, refleja la pasividad con que actúan en una movilización que pretenden ligarla a un pueblo cansado de todo: sus autoridades, la corrupción, la impunidad y las organizaciones, sindicatos y supuestas cooperativas que limitan al resto de la ciudadanía.
En el caso del desorden causado éste inicio de semana por transportistas, muchos prestadores de ese servicio, trabajaban hasta el medio el día de éste lunes, con normalidad, pese a que la llamada «Alianza del Autotransporte», había convocado a un paro estatal. No tuvieron eco sus llamados, lo que orilló a los dirigentes de ese paro a obligar al resto, bajo amenazas, golpes e insultos, a sumarse a un paro que en realidad, solo beneficia a los grandes pulpos del transporte.
El robo, como elemento de las «movilizaciones sociales» que demuestran la debilidad del Estado como garante de la paz pública y ponen en jaque a una sociedad que, seamos francos, permanece silente, pasiva e indiferente ante los abusos de quienes dicen defender las causas «justas», pero terminan vulnerando todos los derechos civiles y humanos.
Bersaín Miranda, uno de los «dirigentes» visibles de ese paro irracional, incluso amenazó a las autoridades de cobrarse ojo por ojo, si la justicia pretendía perseguirlo por los actos de barbarie que cometían sus seguidores a lo largo del boulevard «Ángel Albino Corzo». Ese es el tamaño de la impunidad y la cobardía del Estado para actuar.
Si el Estado de Derecho tuviese vigencia, los pulpos del transporte deberían desaparecer de una vez por todas para alcanzar la liberación del transporte y hacerlo más público, más efectivo y más seguro. ¿Cuántas concesiones posee Miranda? ¿Cuántas, Bustamante Grajales? ¿Cuántas el resto de acaparadores de placas?
La solución es sencilla: despójese a éstos las concesiones y repártanse entre los trabajadores del volante. Esa sería la primera medida efectiva que terminaría con cotos de poder económico y político. Todos sabemos que el transporte público de Chiapas es el más deficiente y de menor calidad en todo el país. Es el momento, propiciado por los mismos monopolios, para dar a los chiapanecos, servicios de primera calidad.
Decía al principio que escribir o hablar sobre temas actuales locales, es como gritar en el desierto. Ni la sociedad ni la autoridad actúan para devolver a los chiapanecos, la paz y armonía a la que estaban acostumbrados. Las autoridades se han vuelto sordas y mudas ante el clamor para la instauración de los cánones de convivencia. Nadie atiende la exigencia en el sentido que Chiapas, no merece vivir en el caos y la desprotección.
Urge que la autoridad retome su papel y haga comparecer ante los Tribunales a quienes pretenden someter a los chiapanecos. Insisto: Una cosa es la libre manifestación de las ideas y otra, convertir las manifestaciones en bacanales de odio y saqueo. Ayer, por ejemplo, fui testigo de cómo, un grupo de transportistas despojó de sus pertenencias a un grupo de chavales que viajaba en una combi que fue retenida y, obligado el chofer, a «sumarse» al paro.
Eso es un abuso; excesos en los que la autoridad tiene responsabilidad, puesto que no utiliza los instrumentos legales para hacer que se respete a la ciudadanía. ¿Pagara por esos robos Bersaín Miranda? Nunca.
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