Querido Juan Carlos:
Leído he, tu interesante respuesta pública a un escrito mío en el cual, denuncio la espantosa corrupción, prepotencia y abusos que en el Centro Cultural «Rosario Castellanos», se llevan a cabo; no había podido responder a tus escuetos razonamientos por una razón: no cupe en estos días, en ninguna de las sorpresas que provocaste con tus líneas. Tampoco hubo lugar en mi memoria para acomodar tu apasionada defensa de un funcionario anodino, cuya gran virtud es hacer exactamente lo contrario de la tendente doctrina que predica transparencia, pulcritud, honradez y todas las probidades que los gobernantes han abandonado.
(Digo que han abandonado, porque a pesar de los discursos, se sigue tolerando la corrupción y el resto de males que tienen al país en permanente crisis de confianza y credibilidad.)
Por cierto, cuando califico de «interesante» tu respuesta, no lo hago por su profundidad filosófica —que no la tiene ni como broma y además, debo concederte la razón en el sentido que no hablamos de un tema profundo, pero sí, de un patán mezquino, petulante, fanfarrón, buscapleitos, majadero, barbaján, pelafustán, ignorante, abusivo, mentiroso, corrupto, traidor, moleculero—, sino por los conceptos triviales que demeritan la función pública y enaltecen la brutalidad de algunos que, por desgracia, se creen humanos. Como dijo el chicharronero (perdón por no acreditar la socarrona frase atribuida a modo de guasa populachera a Jack, «El Destripador»), vamos por partes:
«Me parece lamentable que en este tipo de denuncias se den por ciertas», afirmás, me parece, en un tono de profundo abatimiento gubernamental. ¡Horror! ¡Que monstruosidad afirmar que hay corrupción en una administración impoluta! ¿Merezco el cadalso, amigo del alma mía? Debo recordarte —y lo escribí dos veces—, que obran en mi poder documentos probatorios —sí, do-cu-men-tos— que confirman arbitrariedades, abusos y corrupción por parte de tu defendido, en contra de los comitecos. Rebotan en mi mente los boletines de la Procuraduría de Justicia cuando justifica sus detenciones en «denuncias anónimas», sin una sola prueba. La mía es una denuncia sustentada documentalmente… Y no es anónima: ahí está mi nombre y mi rostro. Y sí, la denuncia la doy por cierta, porque existen todos los elementos probatorios, insisto.
Acúsame tu boca de «condenar sumariamente» el proceder de ése terrible servidor público. Como vos, creo firmemente, como periodista, en el cotejo de versiones. Intenté consultar a Luis Armando Suárez Argüello —el patán de la historia— y nunca estuvo. Te marqué tres veces a tu teléfono y tampoco obtuve respuesta. Como sabés bien, no ignoré ninguna formalidad y por tanto, no es un «juicio sumario», sino un escrito basado en las evidencias.
Por otro lado, todo servidor público es objeto de exigencias públicas. Solo en las dictaduras absolutistas, éstos gozan de impunidad y silencio de los Medios. En Chiapas, hasta donde recuerdo, el mismo gobernador Manuel Velasco, ha pedido a la sociedad denunciar actos de corrupción, en aras de una mejor transparencia. Recalco: denunciar no es un juicio sumario; es responsabilidad ciudadana y mayor, si se es periodista.
«Existen instancias correspondientes de las que puede derivar alguna sanción en caso de procedencia por las conductas como las que te comentan en el texto a que haces referencia», me indicás. Correcto. Pero no soy agraviado, soy periodista y como tal, cumplo una función y ésta no es la de ir a las «instancias correspondientes» a presentar querellas contra los corruptos. Mi deber y obligación es hacer público todo acto que vulnere a las instituciones y agravie a la sociedad.
Asumo que, una vez leída la denuncia pública, tu chamba es la de verificar (incluso solicitar las pruebas documentales a que he hecho referencia), comprobar e interponer, vos, la denuncia ante la autoridad correspondiente, para que el acusado, sea llevado a juicio. Pero lo defendés a priori, lo que me desata el gusanito de la complicidad o el valemadrismo.
Debo aclararte algo: la denuncia primaria fue de comitecos ajenos a las actividades internas del Centro Cultural «Rosario Castellanos»; luego se unieron las quejas de los talleristas, a quienes, por cierto, das trato incomprensiblemente frívolo y distante, como si fueran bestias de carga y no seres humanos con derechos. Pero ya llegaré a ese punto.
«No es a periodicazos o columnazos como se arreglan las cosas», decís ahora, con enfado inocultable. Amigo mío, vos, aparte de político, has sido columnista de uno que otro medio local. Sabés a ciencia cierta que cuando se escribe, no se buscan «arreglos», sino derribar la subcultura de la corrupción e impunidad. En tiempos idos, era ésa tu filosofía de lucha; hoy, me extraña que te hayás constituido en la muralla que impide un acto de justicia. No nos hagamos locos.
«Tampoco puedo actuar violando derechos laborales», afirmás en tono doctoral. Pero, ¿qué me decís de los derechos laborales que viola tu defendido? ¿O de los que vos mismo violás cuando decís que los talleristas no tienen una relación de tipo laboral, sino solo «la contraprestación de un servicio»? ¿Son éstos, ciudadanos de segunda? ¿Mucamas nada más?
El señorito imberbe al que defendés como al más, ha violado derechos laborales y humanos. ¿Él, por violador de derechos fundamentales, debe ser defendido a costa de los discursos políticos contra la corrupción y la impunidad? ¿Has escuchado a los talleristas a los que Suárez Argüello ha amenazado, incluso de muerte? ¡Oh! ¡No! Eso debe pasar desapercibido. ¿Por qué? ¿Por qué es protegido del secretario de Turismo, tu antecesor? ¿Porque enfadarías a Juan Carlos Gómez Aranda, el insulso secretario de Gobierno?
Calificás de «escalada verbal», lo que escribo. Entendés, entonces, que la gravedad de la corrupción en el «Rosario Castellanos», atraerá un ascenso de la crítica, ya no solo a los abusos de tu indefendible colaborador, sino a tu encargo, lo cual, según tu propia expresión, temés. A menos que estés confundiendo a la Goya con la Toya.
No son «esbozos» los que publico, mi querido amigo; son pruebas inatacables las que por cierto, no mencionás en tu atenta respuesta. Pero me da gusto que admitás que es solo un «esbozo», lo que me es claro indicativo que hay mucha más corrupción de la que hasta ahora se conoce.
Cierto es que no sos juez; nadie ha dicho que sos juez; sos el titular de una dependencia y por tanto, mandás (o deberías mandar). Nadie te pide que seás juez, sino que apliques la normativa contra ladrones y corruptos. Así de simple y sencillo. No convoqués a un jurado; actuá como corresponde a un jefe, imponiendo el estatuto contra los corruptos. Las pruebas ahí están.
Argumentás que la inconformidad de los talleristas se debe al horario impuesto. En el supuesto, cuento con pruebas en el sentido que los incondicionales de tu defendido, no cumplen con los horarios estipulados; me refiero a los que sí cobran por los talleres que deberían ser gratuitos. Uno, solo llega por la tarde (dos horas); otro, dos o tres veces a la semana y el colmo: a uno, su esposa marca su tarjeta en el reloj checador. Y son los que más caro cobran los talleres: 300 y 250 pesos por persona.
Amigo mío: mal hacés en defender a quien no tiene defensa. ¿En qué momento perdimos al político serio, propositivo, justo, honesto? ¿Recordás aquellos tus escritos en donde dabas cabales lecciones de honradez y transparencia? ¿Dónde quedaron tus sesudos alegatos contra la corrupción, los abusos, la impunidad, etc., etc.?
Si los demás funcionarios mienten, engañan y se burlan de las políticas anticorrupción del señor Velasco Coello, marcá vos la diferencia. Aplicá los criterios correctos, antes de defender a un patán abusivo y sinvergüenza que, por cierto, es muy «machito» para amenazar y gritar a las mujeres bajo su mando.
Como siempre, mi afecto y admiración, querido Juan Carlos. Un abrazo.
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