Ni uno más
El dramático suceso en cuyo centro aparece una chica presuntamente violada (recurro al adverbio «presuntamente», en virtud de la incertidumbre jurídica y legal que se creó alrededor y porque al final, los indicios cayeron en terrenos de la conjetura), revivió dos polémicas y un reclamo permanentes: la del trato con respecto a las víctimas en los medios de comunicación, la postura de grupos dedicados a la defensa de los derechos de la mujer y la exigencia de justicia para quienes son víctimas de ataques brutales. Y un tema preocupante que tiene qué ver con el manejo institucional de contenidos tan delicados como el citado.
Independientemente de las diversas versiones que se conocieron en torno al caso, vemos con indignación la indiferencia de las autoridades que, en primer lugar, descuidan las formas procedimentales, exponiendo a la víctima como carnada, lo que ha sido aprovechado por tiros y troyanos para engordar caldos de festín arrabalero.
Todo ello ha dado pie a figuraciones variopintas que alimentan sospechas y desnudan las carencias institucionales, no solo para garantizar justicia a la víctima y castigo a los responsables, sino para fortalecer políticas públicas que sostengan futuras acciones en favor de miles de mujeres que son maltratadas y que hasta hoy, permanecen bajo yugos inaceptables de sumisión, sometimiento y abusos.
Por desgracia, la revictimización de ellas, es un hecho que se da en todos los ámbitos y proviene de distintas fuentes; desde el funcionario que irresponsablemente da a conocer el hecho, hasta grupos de interés que ven la oportunidad para sobresalir, pasando por medios de comunicación que relegan criterios éticos en el momento de procesar la información, muchas veces vertida por fuentes «extraoficiales» sesgadas.
En el caso de la joven de quien se dijo que fue raptada, drogada, violada y golpeada por al menos dos hombres (otra versión dice que fueron tres), se conjuntaron todos los elementos para considerar que —al margen de todo lo que ha surgido—, hubieron claras intenciones para cuando menos, minimizar el escándalo mediático y desestimar la versión de la víctima, quien ha querido dar por zanjado el asunto al retractarse de su primer declaración y asegurar que nunca fue violentada ni física ni emocional ni sexualmente.
En el supuesto que ella así lo hubiere determinado, lo conducente es respetar su decisión. Si fue presionada, amenazada o coaccionada, o concluyó no seguir con el tema por así convenir a sus intereses, ya es cosa muy suya. Mantenerla como bandera, sería una intromisión a su vida privada y se le estaría revictimizando aún más, lo cual sería caer en los mismos vicios que se critican.
En lo que se debe trabajar es la correcta orientación para el manejo de éstos casos. La declaración del jefe policial que presumió el hecho como consecuencia del modo de vida de la jovencita, si bien es criticable, también debe ser objeto de acciones preventivas, no solo para él, sino para todos los funcionarios de todos los niveles. El hombre en cuestión, si mal no recuerdo, reprodujo la versión de la madre de la víctima lo cual podría ser válido; lo condenable es la forma como lo dijo. Demostró insensibilidad y valemadrismo puro.
Por otro lado, hubo la filtración de fotos y datos personales de la víctima, poniendo en riesgo su integridad física y emocional. De ahí la urgencia de una investigación a fondo para evitar que en el futuro, otras posibles víctimas sean exhibidas irresponsablemente. El o los funcionarios que filtraron lo anterior, deben ser sancionados, porque con ello, impiden la denuncia de actos criminales de esa naturaleza.
¿Y los medios de comunicación? También tienen el deber de cumplir con parámetros éticos. Personalmente, me indigna ver fotos de mujeres mutiladas. Me indigna que los medios tapen los ojos de criminales confesos para «protegerlos» y sí, exhiban el rostro de una mujer asesinada o de niños ensangrentados. Los medios deben sensibilizarse; establecer protocolos para el procesamiento de las noticias.
Por último y concerniente a los grupos de defensores de los derechos de las mujeres, deben ser colaboradores eficaces de la autoridad en materia de sensibilización y prevención. Se vale exigir, pero no después de un hecho consumado. Antes debe actuarse. Ahí está la clave del éxito para ir avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por supuesto, las autoridades superiores deben ser sensatas y cesar y sancionar a quienes en éste asunto, hicieron mal las cosas. Funcionarios irresponsables, indiferentes e insensibles, no debe haber. Ni uno más.
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