En su informe de 2015, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de un monto de 316 millones 285 mil 900 pesos, otorgado a través de la Sedesol a las universidades Intercultural del Estado de México, Autónoma de Zacatecas y Politécnica de Chiapas. También la recuperación de 76 millones 610 mil 400 pesos que fueron entregados a la Unach y la Tecnológica de Nezahualcóyotl
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló a las universidades Politécnica (UP) y Autónoma (Unach), ambas de Chiapas, entre aquellas que hicieron mal uso de los recursos federales que se les asignaron por trabajos que ni siquiera llevaron a cabo.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública de 2015, hallado en la página de la misma ASF, hay un probable daño a la Hacienda Pública —que se traduce en perjuicios al dinero público— que asciende a mil 313 millones 997 mil 200 pesos, generado por instituciones de educación superior que se hacen de contratos con dependencias federales, aunque no estén capacitadas para ello y por tanto, no lo efectúan.
Se trata de una forma de operar de diversas universidades del país que al final subcontratan a un tercero para realizar la labor, cobran el recurso federal ante el organismo federal pero resulta que en muchas ocasiones la empresa subcontratada tampoco cumple con lo estipulado. Eso se tipifica como presunto desvío de recursos, según la ASF.
En su informe de 2015, el organismo da cuenta de un monto de 316 millones 285 mil 900 pesos, otorgado a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a las universidades Intercultural del Estado de México, Autónoma de Zacatecas y UP, que a su vez, subcontrataron los servicios. De ellas, la última estará sujeta a un proceso de auditoría forense.
Según la misma página electrónica de la ASF, una auditoría de ese tipo «consiste en la revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito»; es decir, existe la presunción de que el ente a fiscalizar incurrió en un delito, en el que hizo uso de los recursos públicos.
La ASF solicita también la recuperación de 76 millones 610 mil 400 pesos que fueron entregados a la Unach y la Tecnológica de Nezahualcóyotl, ya que estas instituciones tampoco comprobaron haber entregado a Sedesol en tiempo y forma, los trabajos para los que fueron contratadas.
Procedimientos
De acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2015, el monto observado para Chiapas asciende a 4 millones 147 mil pesos. Aún debe solventar 9 millones 625 mil de observaciones pendientes del periodo 2011-14; incluso, le corresponde un importe de 427 mil pesos por procedimientos resarcitorios. Así, la entidad figura entre aquellas con mayor número de irregularidades junto con Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Guerrero.
El documento asienta que la entidad presenta al menos mil denuncias «de hechos» por estas inconsistencias; y 253 penales relacionadas con la simulación de reintegros. Además de ello, la entidad ha incumplido en transparencia por informes no presentados:
«Al tercer trimestre de 2016, el avance promedio en la publicación de los informes ascendió al 85.4 por ciento en las entidades federativas; los estados de Baja California y Puebla muestran un cumplimiento del 100 por ciento; por el contrario, los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Nuevo León se situaron debajo de la media nacional».
En el apartado de auditorías realizadas, el informe abunda que a la Unach le practicaron cinco procedimientos correspondientes a los apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES; al fondo para elevar la calidad de la educación superior; al programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior; a los subsidios federales para organismos descentralizados estatales; y al programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas.
Se aclara que fueron auditorías de tipo de «Cumplimiento Financiero», aquella que «revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto».
El portal de noticias Ejecentral.com ya había informado que Al dar a conocer el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, el órgano fiscalizador informó investigará este año presuntos fraudes en seis universidades públicas; entre éstas, la Unach.
«En todos los casos, los rubros donde se habría cometido los desfalcos son los denominados «Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios»», se lee en el sitio.
Evidenciados
La periodista Gabriela Coutiño dio cuenta pormenorizada de algunas de estas irregularidades. Respecto al caso de la Unach, opinó en el portal Chiapas Paralelo: «El desorden, el desaseo han rebasado al rector. Ello implica incluso responsabilidad por omisión. Pero nadie tiene esperanzas en que tome las decisiones que le corresponden. Todos saben quiénes deshonran el espíritu universitario y que desde la Secretaría General se toman las decisiones que privilegian a unos cuantos y afectan a la mayoría».
Evidenció que en atención a una solicitud de información, Sedesol dice no contar con información sobre los docentes de la Unach que cobran recursos de la Cruzada Contra el Hambre durante los años 2013 y 2014, a pesar que hay convenio firmado con autoridades de esa casa de estudios donde se destinan 2.9 millones de pesos para becas y pagos a «docentes asesores».
Respecto a la Politécnica de Chiapas, refiere que «tiene un probable quebranto al erario público por la cantidad de 400 millones de pesos». «La causa es sencilla. Manifestó ante Sedesol que tenía capacidad técnica, material y humana para realizar los proyectos materia de un convenio con esa dependencia federal; pero la realidad demostró que no la tenía y en consecuencia subcontrata proveedores. El asunto es que la Politécnica miente en un convenio legal y además subcontrata proveedores; pero para realizar supervisiones a comedores comunitarios en el Estado de México», se lee en la entrada que data del 13 de marzo pasado.
«Dos de las instituciones de educación superior en Chiapas sentaron un mal precedente de administración de los recursos públicos», consideró la periodista.
ASF actúa, advierte
Ante estos resultados de la cuenta pública 2015, en una carta, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, explicó acerca de las «afectaciones al erario» que se trata de aquellas circunstancias en las que se identificó como principal problemática un potencial uso inadecuado de los recursos —tal y como en el caso de las universidades—, y que se puede relacionar con las observaciones de auditoría que tienen un probable impacto económico. Constituye un concepto que puede implicar abuso, desperdicio o corrupción, aclaró.
Asienta que la inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, se refiere a la existencia de una brecha entre el beneficio proyectado y lo realmente obtenido; se traduce en un cumplimiento, parcial o incompleto, de los procesos y actividades llevados a cabo por las instituciones del Estado.
«Estamos conscientes de que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano».
«Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción», concluyó.
