Los salvajes e indignantes crímenes contra mujeres que han sido conocidos por la opinión pública en años recientes detonaron una intensa movilización de organizaciones y colectivas en demanda de cambios a la legislación federal y local para prevenir y sancionar conductas que provocan daño a la integridad física y sicológica de la mujer y en general, contra todo tipo de ataques de las que podemos ser víctimas, sobre todo cuando se ejerce con saña y sofisticación brutal.
Media docena de leyes en la materia han visto la luz en los últimos años para tipificar estos delitos. La ley Olimpia, la ley Malena, la ley Vicaria, la 3 de 3, la ley Monzón y la ley Ingrid visibilizan la barbarie y el aterrador acoso cometido contra cientos de mujeres, muchas de las cuales han perdido la vida desafortunadamente. Esas normas se han inspirado en la valiente y heroica lucha de víctimas como María Elena Ríos, sobreviviente de una de las peores agresiones, la llamada violencia ácida que consiste en atacar con líquidos corrosivos a una persona.
De acuerdo con datos oficiales, en México son asesinadas 10 mujeres al día por violencia machista; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio en 2023, más del doble desde que iniciaron los registros en 2015. Oaxaca donde ocurrió el atentado contra María Elena ocupa el séptimo lugar nacional. Su pesadilla no terminó entonces. Ha recurrido las sentencias de la justicia local que mediante argucias ha aliviado la pena de su atacante. La solidaridad y el amplio respaldo a su lucha la mantienen con fuerza y determinación.
Su valor ha dado frutos. Siete estados han modificado sus respectivas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Códigos Penales para proteger sus derechos y castigar los ataques con ácido. Este lunes se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las reformas que incorporan en la Ley el concepto de violencia ácida y dispone en el Código Penal una pena de entre 8 y 12 años de prisión a quien cause daños y provoque lesiones con sustancias químicas y corrosivas.
Los cambios contemplan aumentar las penas en una mitad cuando se cause deformidad en el rostro, haya daño a órganos o en el caso de que la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. Este tipo de crimen, además, será considerado feminicidio en grado de tentativa, si el daño físico es permanente o si afecta a los órganos reproductores sexuales.
Aunque no existen en México cifras oficiales del número de ataques hacia mujeres, la Fundación Carmen Sánchez estima que en los últimos 20 años al menos 42 mujeres han sido víctimas de esta atroz violencia machista.
Contrario al avance logrado en los estados aún no han sido publicadas las reformas al Código Penal Federal que avalaron el Senado y el Congreso en noviembre de 2022 y marzo de 2023; ambas Cámaras aprobaron respectivamente, dictámenes que tipifican y sancionan con cárcel los ataques con ácido contra mujeres e imponen penas de prisión.
Cada vez se robustece el marco jurídico orientado a la erradicación de las violencias de género. Es el resultado de una lucha consistente de todas desde varias trincheras. Su amplia difusión es fundamental para que las mujeres conozcamos nuestros derechos especialmente a vivir en entornos libres de violencia. No queremos más víctimas de agresiones de ningún tipo. ¡Ni una más!
