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Blindaje electoral, lo que está y no permitido para funcionarios públicos

Blindaje electoral, lo que está y no permitido para funcionarios públicos

La veda electoral no debe ser tomada como pretexto dejar de informar a la población de temas relevantes. Te contamos más al respecto

Lucero Natarén / Aquínoticias

Amonestación pública o privada, sanción económica hasta suspensión y destitución del puesto, son algunas de las sanciones administrativas a las que podrían hacerse acreedores los funcionarios que utilicen su cargo o recursos públicos para fines electorales, por ejemplo: desviar recursos públicos y usar los programas sociales para fines políticos y/o electorales, para inducir o coaccionar el voto.

Las acciones en contra de estas prácticas se le conocen como blindaje electoral, el cual se explica a continuación.

Lo que sí se puede hacer

Orientar a la ciudadanía sobre los programas sociales: esta disposición incluye el contestar dudas y brindar toda la atención necesaria para el uso de programas sociales, utilizando la frase: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Recibir documentación e inscribir a los programas sociales, sin que esto implique darles de alta.

Realizar pagos de programas sociales calendarizados antes del periodo electoral, salvo en la semana de la jornada electoral.

Informar sobre servicios educativos, de salud y lo relacionado a la protección civil.

Con respecto al blindaje electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó en la sentencia SUP-JRC-384/2016 lo siguiente:

 “La función pública no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo de un país, (…), no debe verse alterada la posibilidad de una mejor realización de las tareas que confía la Constitución y la ley a los servidores públicos en beneficio de la sociedad, sólo que debe cuidarse o tenerse presente, que en su actuar no contravengan disposiciones de orden público, (…)”.

(…) La prohibición constitucional y legal radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral, porque ello sería un atentado directo a los principios y valores que rigen los procesos electorales, básicamente los de equidad e igualdad…”.

-Lo anterior abre la posibilidad de que las y los funcionarios o servidores públicos puedan hablar sobre las dependencias a su cargo o a las que pertenecen, evitando promoverse, difundir informes sobre sus gestiones o expresar su opinión sobre temas políticos y/o electorales. Además, son libres de expresar su opinión profesional con respecto a un tema sin que esto implique una falta administrativa-.

Algunas cosas que no pueden hacer

Difundir propaganda gubernamental por cualquier medio de comunicación social, ni promoción personalizada de un servidor público, es decir, como funcionario publico no puede figurar como actor principal del hecho, -presumir logros en su administración-, sin embargo, puede informar a los medios sobre temas que competen a la sociedad y tienen que ver con su dependencia, siempre y cuando las opiniones no tengan tintes políticos.

Utilizar programas sociales y recursos para inducir o coaccionar al voto.

Realizar reuniones masivas con personas beneficiarias de los programas sociales, menos en presencia de candidatos, reuniones electorales, propaganda gubernamental o actos proselitistas.

Hacer referencia de manera explícita o implícita al proceso electoral o a las personas involucradas en este. En el ámbito de sus actividades laborales, evitar tocar temas relativos a la materia electoral que pudiera violentar el principio de imparcialidad que debe de prevalecer en toda persona servidora pública.

Realizar altas, bajas y cambios en el padrón de beneficiarios, debe esperar hasta después de la jornada electoral.

Entregar obras concluidas, durante las campañas, estas podrán ser entregadas a partir del lunes siguiente a la jornada electoral

Presionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por candidata o candidato, partido político o coalición.

Poner bienes muebles e inmuebles a disposición de algún candidato o partido político.

Enviar personal para que apoye a un candidato o partido político.

Asistir en un día hábil a eventos político-electorales.

Durante las campañas electorales no deben crearse programas sociales nuevos, por ejemplo, promover las tarjetas rosa o tandas -que son muy comunes en este proceso electoral-.

 

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