La falta de disponibilidad de agua, saneamiento y privatización son las afectaciones más graves al derecho humano del agua, quienes mayoritariamente las padecen son las comunidades indígenas y en específico las mujeres; por lo que colectivos y organizaciones de la sociedad civil se han integrado en diferentes municipios del estado
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a distribución del agua en Chiapas afronta graves problemas de corrupción. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), únicamente el 39.9 por ciento de los hogares chiapanecos disponen de este elemento de manera cotidiana.
La disponibilidad de agua, saneamiento y privatización, son las faltas más graves al derecho humano del agua que persisten, en mayor proporción, en las comunidades indígenas; las resienten en especial las mujeres.
El mismo organismo nacional informó que tres de cada cinco viviendas en Chiapas no cuenta con el servicio de distribución diaria, lo que representa una clara violación a los derechos humanos.
Algunos alcaldes han tratado de privatizar el servicio, sin obtener resultados favorables, a causa de las manifestaciones ciudadanas que de inmediato se presentan para evitar que sus propósitos se consoliden.
Con el fin de evitar que la corrupción progrese, así como para fomentar la participación entre la ciudadanía, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en diferentes municipios se han integrado para luchar por los derechos al agua de todas y todos los ciudadanos.
Dichas organizaciones civiles suman esfuerzos para integrar el Tribunal Ciudadano del Agua, un espacio en el que participarán de forma activa para vigilar y monitorear los servicios, el sistema y el trabajo de las autoridades.
Alma Rosa Rojas, directora del Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CepazDH), aseguró que uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las y los chiapanecos es la contaminación del vital líquido y desde luego, la corrupción que ha posicionado a la entidad dentro de los últimos lugares a nivel nacional en cobertura de agua potable.
CepazDH ha denunciado públicamente algunos estudios que de forma independiente han realizado a las aguas de algunos arroyos, ríos y lagunas que se han visto afectados por residuos tóxicos de empresas privadas y la falta de conciencia humana, con el objetivo de crear conciencia ciudadana y presionar a las autoridades a actuar al respecto.
Prueba de la vulnerabilidad de este recurso en territorio chiapaneco y las afectaciones que su descuido ocasiona en la población, son los 99 casos documentados por el relator de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, Léo Heller, tras su visita en mayo. Después de un recorrido en las zonas más afectadas, señaló que la situación estatal es peor, incluso, que la de algunos países africanos.
Intereses políticos y económicos, el principal problema
De acuerdo con la directora de CepazDH, el Tribunal Ciudadano estará integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil en la entidad, entre ellas: Agua y Vida Mujeres y Ambiente, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Movimiento Zoque, Colegio de la Frontera Sur y el Observatorio Ciudadano de Smapa.
La intención es que cada grupo se organice para presentar los diferentes casos de violación a este derecho en el estado, debatirlos y buscar soluciones.
Aquellos ciudadanos que no pertenezcan a estas organizaciones y que desean unirse al Tribunal, pueden hacerlo poniéndose en contacto con alguno de sus integrantes.
Rojas puntualizó que de momento, no tienen contemplado emitir una iniciativa al Congreso del estado, pues han tenido malas experiencias al intentar reunirse con las autoridades competentes, quienes además de mostrarse apáticas, han evidenciado su falta de conocimiento en el tema, lo que representa una limitante para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad.
«Nuestras denuncias no han rendido frutos. Por un lado, tenemos falta de información por parte de las mismas autoridades; y por el otro, la falta de autoridad política para resolver los problemas, además de los intereses políticos y económicos que se anteponen a las necesidades del pueblo», dijo.
Sin embargo, la organización a la que representa apoya el Movimiento Nacional «Agua para todos», en el que también participan varias organizaciones del estado y trabajan de manera intensa para posicionar la Ley Federal del Agua.
«Nuestro reto está en lograr que el Congreso local emita una ley de agua y en ese sentido, nosotros poder incidir en dicha ley; no obstante, por el momento no creemos que sea buena idea acudir a ellos, primero queremos detectar cuáles son los problemas más urgentes y analizarlos».
La falta de participación de las organizaciones en espacios supuestamente hechos por la autoridad para proponer soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía ha generado que los alcances del derecho humano al agua sean débiles; según explicó Alma Rosa, no se toman en cuenta los aportes de las organizaciones en estos espacios.
«Sí podemos participar, sí podemos dar nuestro punto de vista pero a la hora de las decisiones, no es la ciudadanía quien tiene la última palabra, sino los funcionarios a cargo que siempre actúan por medio de sus intereses personales, políticos y económicos».
Servicios insuficientes, producto de la corrupción
«El modelo de gestión del agua en Chiapas es extractivo y el gobierno no implementa acciones que tengan que ver con garantizar la sustentabilidad del agua, por eso necesitamos actuar, crear ciudadanía».
Las comunidades indígenas, dijo, son las más vulnerables para el ejercicio del derecho humano al agua; muchas no tienen acceso a ella y mucho menos saneamiento, mientras que en las cabeceras municipales, el mayor problema es la administración y la corrupción en el sistema.
El grave problema de la mala ejecución de obras con presupuestos millonarios es más recurrente en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal. Ha sucedido por el afán de las constructoras de generar ahorros máximos.
«Hacen ahorros máximos haciendo obras con mala calidad, las dejan inconclusas, los drenajes están colapsados y, para colmo, el sistema dice que no tiene presupuesto para darles mantenimiento, pero bueno, cuando está la corrupción dentro es difícil tener un sistema de agua eficiente», opinó Rojas.
Se estima que el 80 por ciento de las descargas de aguas residuales se van hacia los ríos y arroyos, entre ellos agroquímicos que son entregados por el mismo gobierno a través de programas de campo y actividades extractivas como la minería de ahí que CepazDH haga un llamado para cambiar esquemas y prácticas que contribuyan al mejoramiento de la cultura.
«Hay mucho por hacer; la gestión del agua, el cumplimiento del derecho al agua y saneamiento es responsabilidad de ciudadanía y autoridades», finalizó.
