Los sin nombre
[dropcap]S[/dropcap]in duda el tema de la identidad en México está muy arraigado ancestralmente a lo que somos.
Por ejemplo, en la Sierra Madre de Chiapas, la gente le da una importancia y un alto valor a su nombre propio. Sin él, dicen, no se puede existir porque no hay forma de nombrar ni lo propio, ni lo extraño; no hay forma de contarse una historia; no hay forma de ser sin un nombre.
Más allá de lo que plantea el Artículo 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, de la obligación que tienen todos los niños y niñas del mundo, de ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en un registro, que tengan derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, creo que esto nos habla de otro tipo de debilidades institucionales que sin duda se deben atender.
Un mexicano sin nombre siempre va a ser más vulnerable a los abusos, va a ser más vulnerable a que le roben su propia identidad y usurpen sus derechos.
Esa es la importancia de lo que discutimos hace unos días en el Senado. No es solamente un aliciente económico, que también lo es, para que la primer acta de nacimiento, aunque sea extemporánea, no tenga costos, porque a pesar de que el costo para una clase política como la nuestra puede parecer menor, para alguien puede significar toda una semana de trabajo. Para quien trabaja y gana el salario mínimo, tener un acta de nacimiento puede significar seis jornadas laborales.
Por eso es que más allá de esa parte económica, debemos revisar qué está pasando con esos miles, quizás millones de mexicanos que no tienen identidad y que entonces podrían poner en duda incluso su mexicanidad.
La identidad como derecho indispensable para que se ejerzan otros derechos, debe ser entendida así, además como una garantía que de manera permanente permite una base mínima de oportunidades y de igualdad ante la ley.
Ya la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de identidad y además exhorta para que se disponga lo necesario para que los padres registren a sus hijos.
Aun con este marco legal hay una cifra de subregistro de nacimientos, sobre todo en los casos de niñas y niños indígenas y de los que viven en zonas rurales aisladas.
Según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2014, entre el siete y el trece por ciento de los mexicanos vive sin acta de nacimiento, por lo que no cuenta con un nombre ni se reconoce su nacionalidad.
Puede haber hasta 14 millones de mexicanos que son indocumentados en su propio país. Para que se den una idea, la elección de 1994 a la Presidencia de la República, se ganó con menos de 14 millones de votos. Bueno, pues 14 millones de mexicanos son indocumentados en territorio nacional.
La Fundación «The Fundation» estima que 4 millones de niños no están registrados, y esa carencia de identidad vuelve más vulnerables a los vulnerables; ahí donde hay debilidades institucionales, particularmente en el sur, la identidad afecta fundamentalmente a niños en situación de calle, en situación de pobreza extrema y, presenta, por desgracia, un mayor número en comunidades indígenas.
Esto no les permite acceso a servicios de salud de calidad, a servicios de educación de calidad, y además les va a dificultar de manera muy obvia poder conseguir un empleo y acceder a servicios; es decir, esta idea de que la desigualdad no es solamente la concentración del ingreso, no es solamente la distribución de la riqueza, sino también en la calidad y la extensión y acceso a los servicios públicos, se vuelve todavía más problemática cuando no se tiene una identidad.
En Chiapas, según los datos de la Unicef y del propio Inegi, se registró de forma oportuna solamente al 62 por ciento de los niños y las niñas, esto significa que 38 por ciento de los niños y las niñas nacidos en Chiapas no fueron registrados.
En 2015, 72 de los 122 municipios de Chiapas tenían niveles bajos, es decir, menores al 50 por ciento; y muy bajos, menores al 25 por ciento de registro oportuno de nacimientos.
Solamente 17 por ciento de los municipios presenta un registro arriba del 90 por ciento.
Sé que no es una cosa que le preocupe a la clase política, sé que es algo que pareciera un mero trámite burocrático y de orden económico, pero el hecho de que haya cerca de 70 municipios en donde ni siquiera el 50 por ciento de la población está registrada, me parecería algo digno de la atención de los senadores y las senadoras.
Aquí la dificultad para el registro de las regiones donde predomina la población indígena, es que muchas veces el personal de las oficinas no es bilingüe, y aún no se resuelve esa falla.
Qué bueno que desde el Senado, y por primera vez, se plantee el costo cero para el registro, aunque sea extemporáneo.
Qué bueno que se planteé en las campañas, pero qué se va a hacer en las poblaciones indígenas donde los funcionarios del registro civil no hablan la lengua que se habla ahí y entonces dificultan y obstaculizan la posibilidad del registro.
Adicionalmente, creo que el dictamen del costo cero para el registro es bueno, pone un tema en la mesa, un tema en la agenda para que vayamos y vaya el Estado mexicano a buscar a esos mexicanos invisibles, a los indocumentados que viven en México; es una labor que va a significar un esfuerzo, sin duda, extraordinario.
Por eso, la labor no es esperar que los ciudadanos acudan a las instituciones, sino que las instituciones vayan hacia los ciudadanos, hacia los nuevos ciudadanos para otorgarles, al menos en un estado en donde los derechos son casi una ilusión, por lo menos el primer derecho, que es tener un nombre.
Concluyo con una reflexión: El año pasado que hubo elecciones en la población de Suchiate, se registró a 4 mil 500 personas centroamericanas por una condición, porque como la candidata del Partido Verde era la esposa del director del Registro Civil de ese municipio, pues se les hizo fácil registrar a personas centroamericanas para que votaran por el Verde.
No lo estoy diciendo yo, lo dice la Fepade, y ese funcionario está en la cárcel. Así de débil es una de las instituciones que debería de ser más fuerte en nuestro país; así de débil es el registro civil mexicano.
Y como se dice, 14 millones de mexicanos no tienen nombre, no tienen identidad; qué bueno que empezamos a tomar en cuenta esta situación, pero reitero, no podemos detenernos ahí, es una agenda mucho más amplia de lo que parece, y ojalá ésta sea solamente el primer paso en ese sentido correcto.
Empecemos ya.
