Para las autoridades electorales, la entidad se ha convertido en una de las más peligrosas para ejercer el derecho a elegir autoridades y representantes; en 10 años los delitos electorales se han incrementado en un 1000 por ciento; destacan la compra y coacción del voto, así como el robo e incendio de urnas
Fujiko Yamasaki / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l estado de Chiapas se ha convertido en una de las entidades más peligrosas para los procesos electorales pues tan solo en 10 años la incidencia de estos delitos se incrementó en más de mil por ciento, de acuerdo con la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez.
Durante la Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales, donde se compartieron experiencias de diversas entidades en el tema de los comicios, Parra Chávez expresó que debido a los actos criminales que se presentaron en las elecciones del 2015, el estado ocupa la cuarta posición a nivel nacional con más delitos electorales.
Mencionó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para ese año registró 777 actas iniciadas en Chiapas, de las cuales Tuxtla Gutiérrez tuvo el mayor número de delitos con 105 actas de denuncias, seguido de Villaflores con 28, Tapachula con 19 y Chiapa de Corzo con 13 y entre estos incidentes los más comunes fueron la quema y secuestro de urnas.
«Hubo dirigentes nacionales que clasificaron la elección de Chiapas como anómala y tensa así como irregular; señalaron que la elección en el estado concentró las peores prácticas de presión, pago en efectivo por el voto, amenaza de retirar programas sociales y utilización de la violencia.»
Ante estas experiencias compartidas, los participantes de la reunión coincidieron en que se debe garantizar la seguridad del ejercicio electoral, ya que el principal delito al que actualmente se enfrentan es el boicot, el impedimento a que se realice el proceso electoral.
El vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) de Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, reconoció que la FEPADE ha sido el único organismo que se ha atrevido a intervenir en los delitos electorales, poniendo en juego su integridad, por lo que se necesita una mayor participación de las autoridades federales y locales para proteger el ejercicio democrático y de no hacerlo se seguirán presentando este tipo de acontecimientos radicales en el país.
Arias Alba también propuso analizar la presencia de las fuerzas militares en las casillas durante los procesos electorales, ya que puede verse como un elemento que puede generar temor entre la sociedad, disminuir la participación o generar la idea de que no hay las condiciones para ejercer la participación libremente, esto pese a que el ejército el que sale mejor valorado por la población.
«La presencia de fuerzas militares no ha dado mucha garantía, en el caso de Oaxaca, vimos cómo fueron sacados de las instalaciones por los grupos de manifestantes. Yo pensaría que la gendarmería nacional sería una mejor propuesta ya que es un grupo profesional y que justamente sus objetivos desde su creación es la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de los mexicanos y mexicanas.»
Finalmente los funcionarios coincidieron que hay mucho trabajo por hacer en el tema de la seguridad de los comicios, por lo que también plantearon la posibilidad de crear un protocolo de actuación para saber cómo debe proceder en caso de que se presenten situaciones de violencia.
