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¿Cómo llegó México a las 100 mil personas desaparecidas?
Familiares de las personas desaparecidas de Pantelhó.

¿Cómo llegó México a las 100 mil personas desaparecidas?

No hay un solo estado de la República libre de este delito que empezó a incrementar desde el 2006, año en el que el gobierno federal decidió utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos del crimen organizado

Alexis Ortiz / La-Lista

Lo que parecía inevitable ya es una realidad: México ha superado la cifra de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas. No hay un solo estado de la República libre de este delito que empezó a incrementar desde el 2006, año en el que el gobierno federal decidió utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos del crimen organizado.

El despliegue del Ejército y la Marina para luchar contra el narcotráfico, la diversificación de negocios de los grupos delictivos, la impunidad generalizada, la minimización del problema, el poco personal y recursos destinados a atender este fenómeno han hecho inevitable que México alcance las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas, opinaron expertos consultados por La-Lista.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las entidades federativas que tienen una mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas en números totales son: Jalisco (14 mil 951), Tamaulipas (11 mil 970), Estado de México (10 mil 993) Nuevo León (6 mil 218), Veracruz (5,736), Sinaloa (5 mil 471), Michoacán, (4 mil 324), Sonora (4,296), Ciudad de México (4 mil 38) y Guerrero (3 mil 796).

Las cifras oficiales muestran que, a nivel nacional, el 74.7% de las víctimas de desaparición son hombres y el 24.7% son mujeres. El delito de desaparición ha ido en aumento principalmente en contra de los y las jóvenes que tienen entre 10 y 29 años.

En el caso de los hombres, a nivel nacional, hay más víctimas de 25 a 29 años, mientras que en el caso de las mujeres las más afectadas son las que tienen 15 a 19 años.

“Es una problemática muy compleja, hay estados donde el problema es más grave y en general la respuesta de las autoridades a nivel local no ha sido la indicada”, expresa Carmen Salazar, coordinadora del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdG). “No vemos voluntad política de parte de las autoridades para atender la gravedad de la problemática, falta personal en las Fiscalías, faltan más investigadores, falta equipamiento, falta tecnología y falta presupuesto. Por eso es un problema que se agrava en estados como el de Jalisco”.

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Este lunes 9 de mayo la glorieta de la Palma apareció sin las fotos y pancartas que habían colocado en la manifestación que alude a las más de 90 mil personas reportadas oficialmente como desparecidas en México. Foto: Alexa Herrera, LaLista

Para Salazar, el fenómeno de las desapariciones no se ha podido frenar porque, a pesar de las nuevas instituciones y leyes, “pareciera que la problemática aún no se atiende de forma cabal, hacen falta más esfuerzos institucionales y sobre todo coordinación entre lo federal y lo local porque a veces parece que, por temas políticos, la estrategia no permea en los estados de la República”.

La estrategia a la que se refiere la experta de la UdG tiene que ver con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana; el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales; las comisiones de la verdad para el Caso Ayotzinapa y las desapariciones ocurridas entre 1965 y 1990.

Todas estas instituciones fueron diseñadas en el actual sexenio de López Obrador para encontrar a las miles de personas que están desaparecidas, así como identificar 52 mil cadáveres que están en calidad de desconocidos en los servicios médicos forenses.

Desde el inicio de su gobierno, López Obrador asumió la responsabilidad de atender el problema de las desapariciones. En una reunión con decenas de familiares de víctimas, el 24 de marzo del 2019, el presidente dijo que las víctimas de este delito son la “herencia más triste” que recibió.

“Vamos a terminar con la corrupción, ese es un compromiso y vamos también a terminar con la impunidad y, desde luego, vamos a apoyar a familiares para encontrar a los desaparecidos. Los queremos vivos, ese es el deseo”, dijo en aquella ocasión el presidente.

Autoridades y el delito que queda impune

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición, que entró en vigor en 2017, la gente de la que no se sabe su paradero puede entrar en dos supuestos: las personas desaparecidas, cuya ausencia está ligada a un delito, por los indicios que se han encontrado, y las personas no localizadas, de quienes se cree que su ausencia podría no estar ligada a un crimen.

El Registro Nacional detalla que, de las 100 mil 008 víctimas que había en México hasta ayer a las 18:00 horas, 88 mil 612 son personas desaparecidas y el resto no localizadas.

El término “persona no localizada” ha abierto el debate entre especialistas en la materia, quienes acusan que las autoridades minimizan el problema de la desaparición alegando que los afectados no fueron víctima de un delito, sino que se han ido por voluntad propia.

“En relación a las desapariciones se sigue diciendo que se fueron por voluntad propia o que el número no es tan alto, hay una política de minimizar el problema”, señala Tadeo de la Mora, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana (Ibero). “Según las experiencias de familiares, en las fiscalías si es mujer menor de edad (la víctima) le dicen que se fue con el novio o le echan la culpa a la mamá de por qué no la cuidó”.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo recientemente en una conferencia de prensa que algunos niños y niñas desaparecidas, en realidad solo se van al parque a jugar mientras sus papás reportan un delito al 911. En junio de 2020 Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, declaró que “muchas veces” la policía del estado encuentra a las mujeres con sus novios.

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Foto: Red eslabones por los Derechos Humanos

Y mientras algunos funcionarios minimizan el problema, el delito de la desaparición tiene una impunidad de más del 99%, ya que en todo el país hay menos de 40 sentencias contra los responsables.

“La primera causa del aumento desmedido de las desapariciones es la impunidad, bien lo ha dicho los organismos internacionales al señalar que este es el ‘delito perfecto’ porque no se detiene a los victimarios”, indica Rogelio Barba, otro investigador de la UdG que se ha abocado al análisis de este tema.

Desaparición de personas, un delito que ha consumido a todo el país

No hay un solo estado de la República donde no se haya cometido el delito de la desaparición de personas. Tadeo de la Mora, investigador de la Ibero, destaca que la dispersión del crimen también tiene que ver con la diversificación de las actividades delictivas de los grupos criminales.

“La visión clásica de la delincuencia organizada tenía que ver con el tráfico de drogas y entonces pensábamos que la violencia se ubicada en los estados productores de drogas, como el triángulo dorado (donde está Sinaloa) o en la frontera norte. Pero cuando empieza la ‘guerra contra el narco’ vemos cómo se diversifica la delincuencia organizada que ahora también se dedica al secuestro o al huachicol, por ejemplo”, dice de la Mora.

En el registro nacional es posible identificar la evolución geográfica de este crimen. Entre el 2006 y 2012, por ejemplo, la desaparición de personas aumentaba con mayor velocidad en el Golfo del país, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los expertos apuntan como principal causa de la violencia en el Golfo a la aparición de Los Zetas, un grupo delincuencial liderado por exintegrantes del Ejército mexicano que sembraron terror hasta que sus líderes fueron cayendo uno a uno en la década anterior.

Entre 2013 y 2017 los casos de desaparición tuvieron un incremento considerable en el estado de Jalisco, sede de uno de los grupos del narcotráfico más poderosos de la actualidad: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Colectivos de personas desaparecidas participan en una protesta para exigir resultados en la búsqueda de sus familiares, en Ciudad de México. Foto: EFE/ Isaac Esquivel

Ahora la violencia se concentra en estados como Guanajuato, donde el CJNG se disputa el control del huachicol con el Cártel de Santa Rosa de Lima, y en Zacatecas, donde el grupo criminal jalisciense pelea con el Cártel de Sinaloa por el control del territorio que es ruta para el tráfico de drogas.

Los grupos criminales se han extendido en territorio, mientras el gobierno continúa con su estrategia de combatir las agrupaciones con el Ejército y la Marina, aunque organismos como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) o Amnistía Internacional han dicho que esta acción es insuficiente e incluso incrementa el riesgo de que la población civil sea afectada, como probablemente fue el caso de las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en México.

“Debe abandonarse el enfoque de militarización de la seguridad pública, al Comité le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública adoptado por el Estado para combatir la delincuencia, pues ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos“, expresó Carmen Rosa Villa Quintana, la presidenta del Comité CED.

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