De las 25 presidencias municipales ganadas en 2015, hoy sólo se gobiernan 22; de las 10 diputaciones locales, cinco son sólo de membrete, pues sus titulares sirven a otros actores y colores políticos; y de las prerrogativas a comités municipales, mejor ni hablar, son sólo algunos de los señalamientos recurrentes que militantes inconformes hacen en el 88 aniversario de fundación del Revolucionario Institucional
Omar Flores Penagos / Portavoz
[dropcap]M[/dropcap]ientras que a nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció la trayectoria de la chiapaneca Arely Madrid Tovilla por su contribuciones al tricolor, en Chiapas ha sido relegada y bloqueada desde que Roberto Albores Gleason asumió la dirigencia estatal.
Como ella, también otros exdirigentes estatales, líderes de organizaciones, militantes de cepa han sido borrados de la lista de priistas distinguidos de Chiapas. No se les permite participar ni en el trabajo ni en las decisiones. Incluso se les ha bloqueado de las actividades de carácter social del partido.
Al conmemorarse 88 años de fundación del PRI, los tricolores de Chiapas sólo piden una cosa: que se termine el secuestro por parte de la familia Albores Guillén, tanto de los estatutos, las prerrogativas y como de la dirigencia. Su salida es necesaria para comenzar a remontar la peor crisis por la que hayan atravesado.
«Ni siquiera en el año 2000, cuando ganó Pablo Salazar, estuvimos tan mal. Éramos un partido al que se le respetaba, que tenía mayoría de presidencias municipales, mayoría de diputados, que tenía espacios en gobierno. Hoy el partido es un chiste. No se pudieron retener las 25 presidencias municipales ganadas en 2015: perdimos Frontera Comalapa, perdimos Chiapa de Corzo.»
Para los priistas inconformes el problema del partido en Chiapas se llama Roberto Albores Gleason. Un político que ha permitido la humillación de los priistas. Que no ha hecho valer el papel de cogobierno y que se la ha pasado aplaudiendo al gobernador Manuel Velasco Coello, como si ello le garantizara la candidatura que tanto anhela para 2018.
«Albores le ha mentido al PRI. Le ha hecho creer a la dirigencia que hay unidad y fortaleza. Mentira. No hay nada de eso. No hay organización ni prerrogativas. Hay sumisión y secuestro. El senador no entrega el financiamiento público que por ley le corresponde a los comités municipales. No hay asambleas. El PRI es un cascarón, una sombra de lo que fue.»
Al criticar el desempeño del dirigente estatal extemporáneo del tricolor en Chiapas, los militantes inconformes también señalaron que la crisis del partido se extiende al Congreso del Estado, donde su representación no sólo es escasa, sino simulada: «De 10 diputados que hay, cinco son auténticos priistas, y cinco son de membrete. Miguel Prado, por ejemplo, era priista, y dejó a su suplente, que sirve más a los verdes».
Y no obstante estos reclamos, la dirigencia nacional a cargo de Enrique Ochoa parece dispuesta a premiar y reconocer a priistas chiapanecos destacados, pero no así escuchar sus voces que reclaman renovación de dirigencia estatal desde diciembre de 2015, esto a pesar del riesgo de división que la permanencia de Roberto Albores representa.
«No somos tontos, sabemos que Albores tiene sus padrinos y protectores. De otro modo no se entiende que ocupe dos posiciones, tanto en la dirigencia nacional como en la dirigencia estatal. Por dignidad que ya renuncie a la dirigencia. Cada día que pasa al frente del tricolor, más se debilita y confronta. Parece empeñado en desfondar al partido.»
Cabe recordar que en julio de 2016, los exdirigentes estatales Ricardo Borges Espinosa, Sami David David, Sergio Lovato García, Hernán Pedrero Sierra, Andrés Carballo Bustamante, Roberto Domínguez Castellanos, José Antonio Aguilar Bodegas, Aquiles Espinosa García, Arely Madrid Tovilla y Mario Carlos Culebro Velasco, ya advertían a Ochoa Reza de la situación.
«… es imperativo que en términos del párrafo tercero del artículo 163 de los estatutos nombre usted a un presidente provisional con probada experiencia política, que se haga cargo de promover los consensos entre los grupos y preparar así las condiciones necesarias para que haya un proceso de elección armónico y sin confrontaciones.»
