Hace unos días, se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional, que muestra niveles de corrupción sin cambios a nivel mundial. El IPC se publica anualmente desde 1995 y califica a 180 países en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público mediante evaluaciones de expertos, académicos y empresarios; utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).
A la cabeza de las mejores cuentas se sitúan tres naciones encabezadas por Primeras Ministras: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. En el extremo contrario se ubican Somalia, Siria y Sudán del Sur donde los abusos a los derechos humanos son recurrentes.
Un apunte destacado del Informe es que, en la última década en lugar de avanzar, 154 países han sufrido un deterioro o no han progresado sustancialmente; naciones como Australia, Canadá o Estados Unidos han caído y éste último, inusitadamente ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez.
México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020; se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados.
Pero ¿qué tipo de corrupción se mide? Como se sabe, la corrupción es un fenómeno y suele implicar actividades ilegales y deliberadamente ocultas, esto hace que sea muy difícil de medir; para elaborar el IPC se consideran estas manifestaciones de corrupción: soborno, desvío de fondos públicos, nepotismo, captura del Estado por intereses creados y acceso a la información sobre asuntos públicos y actividades gubernamentales.
Pienso que, en gran medida, la razón de que exista una percepción de casi inexistente corrupción en países escandinavos tiene varias explicaciones: en primer lugar, su nivel de desarrollo democrático y económico asociado a estándares de calidad de vida muy altos (salud y educación). En segundo lugar, la existencia de leyes que garantizan que los funcionarios sean efectivamente sancionados en caso de cometer actos de corrupción como los descritos.
La clave de estos Estados de bienestar europeos (llamados así por su progreso social) se encuentra en la consolidación de sus mecanismos sancionatorios, el ejercicio transparente y eficiente de su gasto público, derechos sociales plenos y un robusto Estado de derecho que hacen casi imposible la aparición de esos delitos.
La rendición de cuentas es un pilar fundamental. En su Informe, Transparencia Internacional emite una serie de interesantes recomendaciones para nuestro país entre las que destaca la importancia de sanciones efectivas, el enfoque de resultados de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (que si bien puede mejorar, es un notable logro ciudadano como sistema y como aspiración) y enfrentar a las redes de delincuencia organizada.
Si queremos un mejor país requerimos avanzar en esta agenda, en la aplicación de las normas, en retomar estas recomendaciones y también un Estado que otorgue derechos sociales plenos. Sólo un régimen que se sujete a las leyes y una sociedad que las acate, permitirá desterrar ese flagelo.
