Las amenazas e intimidaciones contra candidatas a puestos de elección popular, las simulaciones en el registro de candidaturas, así como obligarlas a renunciar al cargo, debe tipificarse como delito, aseguró el diputado federal
Redacción
[dropcap]L[/dropcap]egisladoras, funcionarios y expertos alertaron que a pesar de los avances en el empoderamiento de las mujeres en los distintos escenarios del país, siguen presentándose de forma constante casos de violencia en su contra, principalmente en materia obstétrica, política-electoral, laboral y en el derecho de propiedad y justicia agraria, aseguró Emilio Salazar Farías.
El diputado federal, dijo que en San Lázaro se llevó a cabo la Mesa de Trabajo «Igualdad de Género, Discriminación y Derechos Humanos: Avances, Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa», en donde se pronunciaron por fortalecer facultades de instancias encargadas de la protección de mujeres, así como por fortalecer las políticas públicas que les ayuden a su desarrollo pleno y garanticen acceso a la educación, salud, trabajo y justicia.
Por ejemplo, manifestó el político chiapaneco, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pidió tipificar como concepto de violencia política de género las acciones u omisiones que restringen los derechos políticos electorales de las ciudadanas y/o el ejercicio de sus cargos públicos, ya sea a nivel federal o local; ya que los actos de violencia política de género no sólo se realizan durante las elecciones, por lo que la protección debe ser más allá de los procesos electorales.
Promover actos, amenazas e intimidaciones en contra de mujeres candidatas a puestos de elección o realizar simulaciones en el registro de candidaturas, así como obligar a la mujer a renunciar al cargo ganado, debe tipificarse como conducta delictiva; matizó el diputado Salazar, «en Chiapas lo hemos vivido, el caso más reciente es de Rosa Pérez Pérez, en donde actores amparados en los usos y costumbres, hacen de la vida política electoral, lo que se les antoja y en este sentido, celebro la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación».
Es importante tomar en cuenta, subrayó el integrante de la Comisión Permanente Bicamaral, la propuesta de establecer en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que la Fiscalía tenga una serie de atribuciones de corte legal para actuar en contra de los responsables, sin violentar los derechos de candidatos o partidos políticos, y atendiendo los delitos que atentan contras las mujeres participantes del proceso; porque en los comicios venideros, no dudemos que se quiera repetir la historia.
Finalmente, el legislador federal tuxtleco, consideró que algunos de los obstáculos para lograr una igualdad material entre hombres y mujeres son la discriminación, los estereotipos, la marginación social, el rezago educativo y en materia de salud; son puntos que en el discurso lo podemos pronunciar muy fácil, pero que en la práctica quien sufre en carne propia ese tipo de violencia son las mujeres; puntos que habremos de atender y entrarle con todo en el siguiente periodo legislativo que inicia el uno de septiembre; concluyó
