Será este martes 4 de febrero cuando presentarán en la Cámara de Diputados el proyecto para frenar la privatización y los megaproyectos hidráulicos promovidos por empresas transnacionales, firmado por alrededor de 160 mil personas y respaldada por más de 400 organizaciones sociales, indígenas y académicos, entre otros
Lucero Natarén / Aquínoticias
Representantes de pueblos originarios, académicos, universidades y líderes sociales se han unido para frenar la privatización y los megaproyectos hidráulicos promovidos por empresas transnacionales, por medio de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas.
Con dicha iniciativa buscan que sean las comunidades quienes aprovechen y administren el recurso de modo autosustentable. En conferencia de prensa, los promotores del proyecto encabezado por la abogada Candy Gutiérrez, el investigador Antonio García y el integrante de la Red Ambiental del Valle de Jovel, Nicolás Gómez, informaron que será este martes 4 de febrero cuando presentarán en la Cámara de Diputados la iniciativa, la cual ha sido firmada por alrededor de 160 mil ciudadanos y respaldada por más de 400 organizaciones sociales, indígenas y académicos, entre otros.
El académico Fermín Ledesma, de la organización Agua para todos, remarcó que «este ha sido un trabajo arduo de aproximadamente 7 años de venir construyendo esta iniciativa, porque creemos que hay evidentemente un fracaso en la política hídrica en el país, después de 30 años».
Por eso, el documento que presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es una alternativa para frenar por la vía institucional el avance de la privatización y enmarcar el aprovechamiento armonioso y justo del agua, en medio de la actual resistencia organizada y pacífica de los pueblos originarios.
Recordaron que fue el 8 de febrero del 2012 que se reformó el Artículo IV de la Constitución, reconociendo el derecho al agua y a un medio ambiente sano. El tercer transitorio exigió una reforma a Ley General de Aguas que tendría que asentar las bases de una participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido en un marco de derechos humanos y derechos a los pueblos.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado más de 537 mil concesiones en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.
El representante de Agua para Todos, mencionó que son alrededor de 200 concesionarios que tienen acaparado el agua en Chiapas. En donde son millones de metros cúbicos que la Conagua ha otorgado en los últimos 30 años, incluyendo en mayor proporción a empresas transnacionales. Los impulsadores destacaron también que con sus cuatro centrales hidroeléctricas la entidad aporta más del 40 por ciento de energía hidráulica y el 10 por ciento de la energía del país se produce en esta entidad.
Ante esta situación, la iniciativa representa el compromiso y la capacidad de la ciudadanía y los pueblos de colaborar con los tres niveles de gobierno para construir un «buen gobierno del agua», además de no permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking, establecer medidas de protección y poner candados al uso de la fuerza pública en contra de los defensores del agua.
