Todos los consejeros del IEPC deben irse
[dropcap]S[/dropcap]i de por sí la destitución de sólo tres consejeros fue una decisión incongruente, la nueva solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para remover del cargo al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) hace completamente evidente lo que debería reconsiderarse en el caso Chiapas: el resto de los consejeros tienen que ser destituidos.
El hecho noticioso de este jueves fue el nuevo acuerdo emitido por la Comisión de Vinculación del INE en torno al fraude electoral cometido en Chiapas durante 2015 que a más de medio año sigue siendo el tema de ocho columnas debido a las graves irregularidades ya documentadas y reconocidas por la máxima autoridad electoral del país.
Y es que, aunque el viernes pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electora únicamente aprobó la destitución de sólo tres de los siete consejeros del IEPC, ahora ha salido a solicitar la remoción del Secretario Ejecutivo por su vinculación directa con las actas donde se autorizaron las candidaturas impugnadas y el contrato de la empresa responsable de las votaciones en la elección del diputado migrante.
Al Secretario Ejecutivo, Jesús Moscoso Loranca, se le atañen responsabilidades directas por la naturaleza misma de su cargo dentro del Consejo General del IEPC, pues legalmente es el encargado de la elaboración de las actas, someterlas a aprobación, revisarlas y el registro de firma a todos los documentos pasados a valoración del Consejo General.
Y ahí es donde está la mayor incongruencia de criterios a la hora de destituir o pedir remociones por parte del INE. Se removieron a tres por su vinculación directa con las comisiones que intervinieron en los asuntos anómalos y ahora se pide remover al Secretario Ejecutivo que elaboró las actas, pero se mantiene en el cargo a la presidenta y el resto de los consejeros que también aprobaron los documentos.
Al INE se le ha olvidado que el pasado 16 de junio de 2015 en sesión extraordinaria todos los consejeros, sin excepción, autorizaron por unanimidad el registro de candidatos que violó los principios de equidad de género, además de los contratos a la empresa que consumó el fraude en la elección de diputado migrante. Nadie cuestionó o pidió analizar las actas aprobadas.
Al Instituto Nacional Electoral se le olvida que la omisión también es una responsabilidad jurídica reconocida por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales. Todos los consejeros, miembros o no de las comisiones vinculadas directamente, fueron omisos, y por lo tanto son igual de responsables.
No se necesita ser erudito en la materia. Sólo es necesario darle una leída a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana (CEPC) para reconocer lo arbitrario e inequitativo de los acuerdos aprobados por el INE en el caso Chiapas.
Porque desde luego que es justa la remoción de Secretario Ejecutivo, pero también debería hacerse lo mismo con la presidenta y el resto de los consejeros que, según el 147 del CEPC, tienen la misma responsabilidad jurídica para revisar y garantizar el adecuado funcionamiento de todos los órganos del instituto.
Y es que, todas las actas, contratos y documentos oficiales del IEPC no sólo llevan la rúbrica del Secretario Ejecutivo, por ley también deben estar firmadas por la Presidenta del Consejo General, que es normativamente la cabeza y mayor responsable de los procedimientos internos. Y paradójicamente su puesto no ha sido trastocado.
No queda duda. En cumplimiento a la legalidad y los argumentos expuestos por los consejeros del INE para las remociones al interior del IEPC, todos los consejeros electorales de Chiapas deber irse de inmediato, comenzado por la presidenta, sino por vergüenza, en honor a esa justicia que falsamente tanto se pregona en México.
