¿Van auditorías sobre funcionarios incómodos?
Importantes auditorias preparan ya el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Chiapas y la nueva Secretaría de la Contraloría General en contra de algunos de los funcionarios y dependencias que recientemente iniciaron su proceso de desaparición de la estructura gubernamental. Esos que ya han salido de la gracia del mandatario chiapaneco y se habían convertido en verdaderos lastres para su administración.
Entre pasillos se comenta que algunos de los «funcionarios de mediano pelo» involucrados en escándalos por presuntos casos de corrupción se encuentran la mira Manuel Velasco y sus asesores para llamarlos a rendir cuentas, mediante la aplicación de auditorías discrecionales a sus últimos ejercicios anuales de gestión pública.
La decisión no sería de reciente confabulación. Se dice que la separación del cargo para algunos titulares ya estaba en los planes a mediados del 2016, pero se dio espacio a que terminarán su gestión junto a la desaparición o transformación de las dependencias a su cargo. El objetivo fue no gestar responsabilidades adicionales con el nombramiento de nuevos funcionarios.
Entre algunos de los nombres que se filtran para las presuntas auditorías son el Instituto de Población y Ciudades Rurales, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Banchiapas donde las cuentas públicas aún no terminan de ser entregadas. Estas entre otros tantos municipios más de la entidad que también han visto complicado la comprobación de los recursos.
Hace sólo un par de días fue el propio Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, quien dejó entre ver los planes gubernamentales, asegurando, que quienes todavía no han entregado la información trimestral de la cuenta pública serán sujetos de sanciones y observaciones de financiamiento conforme a lo establecido por la ley.
No es para menos. Este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene programado aplicar auditorías a 60 municipios de la entidad chiapaneca. Ahora de forma directa, bajo normas de auditorías más estrictas, procedimientos administrativos y penales, advirtió el propio Alejandro Culebro, durante su última aparición en medios.
Y es que, ya suficientes problemas tiene el gobierno de Chiapas con los más de tres mil 785 millones de pesos a los que, según la misma ASF, desde 2011 no se les ha podido comprobar el destino. Un tema que tiene muy pendientes a las autoridades estatales y que es suficiente pretexto para no permitir que más piedritas se sigan sumando al saco de los problemas financieros.
Cabe recordar que esa lista Chiapas es la entidad número cuatro dentro de los estados con la mayor cantidad de recursos sin comprobación o esclarecimiento. La mayoría de los procesos de investigación corresponden a los primeros dos años de gobierno del actual mandatario estatal, y se presume que en el mismo sentido podrían estar los ejercicios de presupuestarios de 2015 y 2016.
Será importante estar atentos de los procedimientos que aplique durante los siguientes meses el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Chiapas y la nueva Secretaría de la Contraloría General para investigar y auditar los recursos de dependencias reiteradamente señaladas. Un procedimiento que, en caso de concretarse, será sin duda uno de los pocos aciertos del mandatario chiapaneco.
