Río Santo Domingo, un ecocidio solapado por el Estado
Ni la violencia contra los ejidatarios, ni las cuantiosas denuncias o la devastación ampliamente documentada han bastado para que las autoridades ambientales detengan de una vez por todas el saqueo indiscriminado de materiales pétreos (arena y grava) que por alrededor de 40 años ha devastado las márgenes del río Santo Domingo, ubicado en la zona centro de la entidad chiapaneca.
El tema viene a colación justamente este 14 de marzo cuando el mundo celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos. Y es que, el caso del Santo Domingo se trata, sin duda, de uno de los más vergonzosos ejemplos chiapanecos de la incapacidad y complicidad en los tres niveles de gobierno para permitir un ecocidio a tal escala.
La explotación desmedida y, en muchos casos, hasta ilegal del afluente es un asunto ya muy conocido. La extracción de arena y grava de las márgenes comenzó desde la década de los setenta cuando se otorgaron las primeras concesiones de explotación, justo cuando la industria de la construcción y los megaproyectos hidroeléctricos se detonaron en Chiapas.
Sin embargo, los últimos 15 años han sido cruciales para acelerar la devastación del río y las zonas agrícolas aledañas. El otorgamiento indiscriminado de concesiones y la permisividad de las autoridades ambientales se desataron como nunca antes. Los daños ambientales hoy saltan a la vista y los perjuicios a decenas de ejidatarios agricultores son prácticamente incuestionables.
Actualmente son más de 40 los permisos vigentes de explotación, algunos de ellos vencidos y renovados entre 2016 y 2017. Se trata, en la mayoría de los casos, de permisos con vigencia de cinco años que han sido renovados una y otra vez, pese a los constantes señalamientos de los ejidatarios y organizaciones ambientalistas.
La situación se ha vuelto cada vez más comprometedora con el paso de los años. Hoy es estima que diariamente salen de la zona entre 50 y 70 camiones de carga pesada, lo que representa una extracción de entre 75 y 90 toneladas a diario. Esto sin contar la extracción que se realiza de manera ilegal durante las noches, cuando muchas de las empresas irregulares realizan la explotación silenciosa en las márgenes del afluente.
Tan sólo durante 2015 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló la detección de cinco empresas irregulares operando en la zona, que representan únicamente el 30 por ciento de las que aún se encuentran trabajando arbitrariamente. A lo anterior se suman las constantes denuncias sobre amenazas armadas recibidas por los ejidatarios que se han atrevido a denunciar semejante situación.
Pero nada ha sido suficiente para activar una intervención real de las autoridades ambientales (estatales y federales) para poner fin al problema. Durante años han guardado notable indiferencia, prometiendo operativos y procesos de regulación que simplemente nunca se han dado. Todo, pese a las más 12 denuncias que actualmente se encuentra vigentes dentro de los distintos organismos, supuestamente, responsables de la protección ambiental.
El caso del río Santo Domingo guarda numerosas dudas sobre la actuación cómplice de las autoridades ambientales y su inacción sobre la problemática. Es, sin duda, un asunto que pide a gritos la aplicación de las leyes que castigan y regulan el ecocidio, pues se sustenta como un ejemplo de otros tantos otros que se desarrollan dentro del silencio y la impunidad brindada por la corrupción gubernamental… Así las cosas.
