Chiapanecas, las más violentadas del sur
En la prevención y el combate contra la violencia hacia las mujeres en Chiapas aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo cuando las cifras oficiales colocan a la entidad como una de las tres más peligrosas de México para este importante sector de la sociedad que hoy sigue pagando hasta con la vida la ineficacia gubernamental para abordar semejante problemática.
Los recurrentes reportes sobre detenciones de feminicidas en Chiapas dejan de manifiesto que el asunto aquí va más allá de un simple tema de procuración de justicia. Su aborde está por encima de las investigaciones periciales, indagatorias, persecuciones y detenciones tras un crimen ya consumado.
La violencia fatal contra las mujeres en Chiapas se funda en un asunto de carácter social que debe abordarse desde ese enfoque. Porque su origen está en el mismo entramado social, desde los propios hogares, escuelas, centros de trabajo o vía pública donde se fomenta la violencia de todo tipo hacia ese sector como una práctica cotidiana.
Las cifras publicadas recientemente por el Sistema Nacional de Seguridad pública (SNSP) son muy claras al respecto. Durante los primeros siete meses del año 2015 la entidad chiapaneca se colocó como el tercer estado con los mayores índices de denuncias por violaciones sexuales, cometidas casi en su totalidad contra mujeres.
Los datos oficiales recabados por los agentes del Ministerio Público en todo México posicionan a Chiapas con 484 querellas, sólo por debajo del Estado de México que reportó un total de 842 denuncias y Chihuahua con 537. En conjunto los tres estados acumularon el 20 por ciento de denuncias por este ilícito, entre enero y julio del presente año.
Por si sólo en el caso específico de la entidad chiapaneca las cifras resultan perturbadoras. En promedio, Chiapas registró 69 denuncias por violación cada mes; es decir, un aproximado de dos querellas penales diarias, lo que expresa la alarmante recurrencia de un delito tan grave como es el abuso sexual.
Pero los datos oficiales representan sólo una muestra porcentual de la verdadera magnitud del problema. Y es que, de acuerdo al propio SNSP, se estima que por cada denuncia interpuesta ante las agencias del Ministerio Público hay otra más que por diversos factores termina en el anonimato y la impunidad absoluta.
Por eso son importantes las estrategias integrales de prevención y combate a la violencia de género desde su origen, para entender el problema social y atacarlo de fondo, sin tener que esperar al conteo final de reportes por violaciones y feminicidios como meros casos de investigaciones a resolver donde ya no es posible «reparar el daño».
Es evidente la falta de políticas públicas sobre el tema que vallan más allá de los menesteres judiciales e involucren de manera directa a dependencias como la Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo Social, DIF y la misma Secretaría de la Mujer (en materia de educación y prevención al delito) que hoy funcionan como simples espectadoras ante tan grave violencia social.
