El reto de Fernando Castellanos
Si las acusaciones pasan más allá de las declaraciones mediáticas y se convierten en acciones concretas para los próximos años de la actual administración municipal personajes como Yassir Vázquez, Felipe Granda y el recién salido Samuel Toledo Córdova Toledo deberán estar siendo llamados a rendir cuentas ante la justicia.
Y es que este lunes, mediante una conferencia de prensa, Fernando Castellanos Cal y Mayor dio a conocer el desastre financiero en el que fue recibido el Ayuntamiento tuxtleco, con una deuda de más de 290 millones de pesos y al menos 250 personas (aviadoras) inscritas a la nómina municipal que cobraban sin realizar ningún trabajo.
En un acto de evidente deslinde estratégico sobre los malos manejos de su antecesor, Castellanos Cal y Mayor señaló que tan sólo la deuda con la empresa recolectora de basura Proactiva asciende a poco más de 105 millones de pesos, es decir, nueve millones de pesos más que los reportados por Samuel Toledo.
Se detectó que durante el pasado gobierno municipal se basificaron a 216 personas, entre las que destacan 84 procesos de basificación realizados este mismo año a personal que fungía como Secretarios, Directores o Jefes de Departamento ingresados durante esa administración municipal, corroborando así la denuncia hecha en el mes de septiembre por los propios trabajadores.
El Ayuntamiento cuenta en su totalidad con cinco mil 760 empleados, de los cuales dos mil 500 han sido verificados, detectando que un 10 por ciento de ellos (250) cobraban sin trabajar, por lo que se estima que 600 plazas laborales podrían estar de en las mismas condiciones irregulares.
En materia de Seguridad, de un total de mil 95 elementos operativos, se detectó que 180 de ellos son comisionados, 140 cobraban sin trabajar y 168 no cuentan con el Examen de Control y Confianza correspondiente para poder ejercer sus labores.
La mayoría de la deuda operativa global de los 290 millones de pesos está relacionada con cargas morosas ante Comisión Federal de Electricidad, arrendamiento de edificios públicos que superan los tres millones de pesos; provisión de aguinaldos del 2015 superior a los 62 millones de pesos; además de adeudos en medicamentos y hospitalizaciones.
Ante los señalamientos de Castellanos Cal y Mayor es imposible evitar traer a la memoria los hechos de hace tres años por el propio Samuel Toledo quien, en circunstancias similares, denunció la crisis financiera heredada por sus antecesores (Yassir Vázquez y Felipe Granda) sin que nada se hiciera al respecto para traerlos a rendir cuentas.
Por eso hoy las exigencias para Fernando Castellanos son distintas. En su búsqueda por la legitimidad social deberá demostrar con hechos sus dichos y aplicar la ley de manera efectiva. Porque la ciudadanía tuxtleca ya no cree en las declaraciones políticas o posicionamientos mediáticos. Está deseosa de resultados y acciones concretas.
Si Castellanos Cal y Mayor sigue la pauta de hacer efectivos sus dichos como lo hecho en el Parque de la Marimba, no deberán demorar las denuncias pertinentes contra Samuel Toledo y sus funcionarios, acelerar las investigaciones contra Yassir Vázquez y exigir explicaciones públicas a su hoy regidor Felipe Granda pasa saciar un poco esa sed de justicia que el pueblo tuxtleco ha padecido desde hace ya alguno años.
