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En la Mira / Héctor Estrada

En la Mira / Héctor Estrada

Los desplazados por el crimen organizado en Chiapas

Entre el silencio, la indiferencia y la clandestinidad, tan sólo durante el pasado mes de julio un total de 850 familias chiapanecas se sumaron a la lista de personas desplazadas por la violencia del crimen organizado en México, así lo dio a conocer en su último informe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Dichos desplazamientos forzados en Chiapas se registraron especialmente en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, afectando de manera directa a 3 mil 396 personas amenazadas por la presencia de organizaciones delincuenciales que se pelean el control de territorios en la frontera entre México y Guatemala.

Así, un asunto que hasta hace unos cuantos años tenía su origen en la disputa de grupos armados por asuntos políticos, con el paso del tiempo se ha transformado en una guerra de grupos criminales relacionados con la trata de personas y el narcotráfico, integrando a la entidad chiapaneca a una problemática nacional de mayores dimensiones.

Y es que, de acuerdo con el registro de la CMDPDH, en 2021 a nivel nacional se documentaron cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores, pues en 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 casos y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714.

Lo anterior significa que entre enero y diciembre de 2021, los desplazamientos internos forzados se triplicaron en comparación con 2020. El factor principal, según la Comisión, fue la violencia generada por grupos del crimen organizado. De esta manera, fueron ocho estados los que concentraron el mayor número de casos por este fenómeno: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco.

A pesar de que en el país el desplazamiento forzado interno se ha registrado desde décadas atrás, no fue sino hasta el 2019 que el Gobierno Federal lo reconoció como un problema público, con el fin de diseñar e implementar estrategias a nivel nacional para frenar esta problemática.

El año pasado Michoacán fue la entidad más afectada debido a la presencia del crimen organizado, pues en 27 de sus municipios se registraron casos de personas desplazadas, particularmente en la región conocida como “Tierra Caliente” con un total de 9 mil 059 casos de desplazamiento forzado, principalmente debido a la presencia de cárteles del narcotráfico.

En el segundo lugar de la incidencia se ubicó Chiapas, con cinco municipios afectados y seis mil 585 desplazamientos forzados. El caso de la entidad chiapaneca ha llamado la atención de la CMDPDH pues es una entidad que hasta hace menos de cinco años tenía centrado el origen de la problemática en asuntos políticos indígenas y no en disputas del crimen organizado como sucede ahora.

Se trata pues de una situación que ha encendido nuevos focos rojos en el sureste del país por el claro avance del crimen organizado en la región y que amenaza con seguir creciendo si no se aplican acciones contundentes por el bien de entidades como Chiapas ya bastante lastimadas por otro tipo de conflictos violentos… así las cosas.

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