Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a esa dependencia presentaron la acusación contra la exservidora por falsificar el sistema de votación en el extranjero para favorecer a un candidato del PVEM en las elecciones del 15 de julio de 2015. Será absuelta, vaticina su abogado
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a exconsejera general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Margarita Esther López Morales, al parecer enfrenta un nuevo señalamiento ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a esa dependencia presentaron la acusación contra la exservidora, por falsificar el sistema de votación en el extranjero para favorecer a un candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 15 de julio de 2015.
De acuerdo con la información manejada por Proceso, el organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) precisó que la acusación fue presentada el pasado miércoles 6 de diciembre ante el juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Chiapas.
Para Agencia 55, el abogado de la exservidora, Carlos Hugo Tondopó Hernández, aseguró que no hay pruebas contra López Morales y que sería absuelta en enero, previa audiencia. Vaticinó este resultado que favorece a su clienta porque «la fiscalía no ofreció medios de prueba para demostrar la plena culpabilidad de la exconsejera dentro de la causa penal 36/2017».
Confirmó que la acusación fue ingresada en la fecha referida, pero aclaró que contempla el delito previsto en el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde se describe la conducta delictiva que se le imputa: «habiendo sido consejera o consejero en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por el Poder Legislativo cuya elección hayan calificado, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo».
Esto, por el supuesto nombramiento de López Morales como directora jurídica del Congreso del estado, cuando fungía como autoridad electoral. El abogado aseveró para Agencia 55 que ello es un acto que tiene como penalidad una multa.
Tondopó Hernández refirió que la Justicia Federal les concedió amparo a los exconsejeros contra los respectivos autos de formal prisión, derivados de la causa penal 4/2017, así que «en breve el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en Chiapas, tendrá que dictar auto de libertad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo».
Acerca de las dos acusaciones que López Morales enfrenta, el profesional declaró: «Los dos asuntos se caen a pedazos por la inexistencia de pruebas, y queda en evidencia la maliciosa forma de proceder de la Fepade».
Antecedentes
López Morales fue la única detenida de cinco funcionarios electorales investigados por la PGR por alterar el listado nominal del voto de los chiapanecos en el extranjero, en el marco del proceso electoral local de julio de 2015.
El pasado 15 de marzo, agentes de la Fepade y de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la orden de aprehensión en su contra, pero horas después fue puesta en libertad. Ahora, la exfuncionaria enfrenta su juicio en libertad porque el delito no es considerado grave. Los otros cuatro consejeros acusados continúan prófugos.
Tras su detención, haciendo uso de las redes sociales, la exconsejera acusó a la Fiscalía Electoral de violar el principio de presunción de inocencia: «Lamento mucho la Violación Constitucional sistemática a la garantía de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA de la cual he sido objeto», se lee en su cuenta de Facebook.
También responsabilizó a la instancia federal del linchamiento mediático que se desencadenó contra su persona, al darse a conocer la noticia de su situación legal pues se le sindicó del delito aun cuando el proceso legal no concluye y no hay una resolución definitiva por parte de un juez; asimismo, explicó que integraba una carpeta de evidencias para su defensa.
Un mes después, en abril, trascendió que un juez de Control Federal en Cintalapa la vinculó al proceso pues consideró que, la también abogada por la Universidad Autónoma de Chiapas, vulneró «el bien jurídico tutelado por la norma, que es la imparcialidad de la autoridad electoral en la toma de decisiones».
Lo anterior, por el supuesto de que ella ocupaba un cargo público mientras fungía como consejera electoral. Por ello, cualquier determinación que ella tomase estaba enmarcada en un contexto de conflicto de intereses, ya que desempeñaba un puesto en el Congreso estatal, integrado por miembros cuya elección organizó ella misma y evaluó como consejera.
