En su intervención en la máxima tribuna de Chiapas, el presidente del Congreso del Estado , Eduardo Ramírez Aguilar demandó al gobierno federal establecer de inmediato una mesa de diálogo nacional con el magisterio chiapaneco para resolver el movimiento magisterial que se vive no solo en la entidad sino en otros estados de la república derivado de una Reforma Educativa en la que no se contemplaron los contenidos educativos solo los contratos de cada maestro y maestra del país; de esta manera, por primera vez, esta legislatura local asume la voz de los inconformes y aclara que no es competencia del Ejecutivo ni del Legislativo local, la solución de las demandas magisteriales por que fue el Congreso de la Unión y el Senado de la República, quienes en su momento llevaron a cabo lo que consideraron una panacea para avanzar en materia educativa en el país, pero que finalmente los mentores consideran solo una reforma laboral.
El legislador del Partido Verde Ecologista, recordó la lucha de los maestros hace cuarenta años que fue por el aumento salarial, pero refirió que las inconformidades en cuanto a la Reforma a la Ley de Educación federal actual están fundamentadas y Chiapas como otros estados del país, enfrentan nuevamente una descomposición y protesta social por esta causa y en este sentido, destacó que nadie que quiera a Chiapas, quiere que le vaya mal, y los maestros que volvieron a salir a la calle, demandan una mesa de atención nacional, ante la postura de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que no hay nada que negociar ni nada que hacer. Siendo un hombre convencido del estado de derecho, como lo expresó en su discurso, destacó también que cree en el dialogo, por eso exhortó a la SEPF a tener una consideración para Chiapas, donde la inmensa mayoría de habitantes vive del sector público, aunque pareciera que esto fue una solidaridad del legislativo con el magisterio, dejó en claro que no es tal sino una exigencia al respeto de los derechos de maestros y maestras de la entidad, ya que tras la aplicación del estado de derecho, nada es igual.
Con filo
Con el objetivo de impulsar un Tuxtla Gutiérrez de progreso, prosperidad y desarrollo, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través de la aplicación para celulares Tuxtla Digital atiende todas las demandas de la ciudadanía, por ello, a 7 meses de su administración ha logrado la rehabilitación de luminarias que la administración pasada logró en tres años de gobierno. Fernando Castellanos ha atendido de forma personal y durante este fin de semana supervisó las brigadas de rehabilitación, acompañado por el secretario de Servicios Municipales, Ahmed Jamil Gómez Choel….///A pesar de que la legítima directiva del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C. (CMIC AC) alertó desde 2011 al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que la presunta dirigencia encabezada por Francisco Gregorio López Rivas era espuria, funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no sólo convivieron con él en reuniones protocolizadas, sino que le aprobaron propuestas de Directores Responsables de Obra y corresponsables ilegítimos, que ponen en riesgo un gran número de construcciones en la Ciudad de México. El 29 de enero de 2015 desconocieron e hicieron caso omiso a las distintas comunicaciones realizadas por los verdaderos dirigentes, Ricardo Meza Padilla y el Presidente Fundador y de la Junta de Honor, Florencio Hernández del Ángel, cuando al haber una disputa jurídica lo menos que debieron hacer era no realizar trámites para ninguno de los dos grupos en pugna, pero es importarte resaltar que se han detectado cerca de 50 directores responsables de obra que fueron avalados por López Rivas, por lo que estos certificados son nulos al no obtener la legalidad suficiente; los ingenieros se tienen que someter a un examen para acreditarse como Director Responsable de Obra y un requisito para ello es pertenecer a un colegio, además de otros requisitos como tomar cursos de actualización, por lo que los denunciantes piensa que ante la acreditación ilegal de los DRO, «hay una red de complicidad entre la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal», puntualizó el ingeniero Hernández.
