La designación de Moisés Grajales Monterrosa como titular del Centro de Control de Confianza sin duda fue muy atinada, pues a escasos dos meses de haber asumido funciones, la semana pasada fue nombrado como Coordinador de disciplina a nivel nacional de los 38 titulares de este organismo, con lo cual da muestra de su capacidad pues esta designación se realizó en la ciudad de México durante el curso denominado «supervisión de primera línea» el cual fue dirigido a Directores de Centros de Control y Confianza y auspiciado por la Embassy United States of América, la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Iniciativa Mérida. Aquí Grajales Monterrosa puso en alto al estado de Chiapas al informar que en tan solo dos meses se han evaluado a cerca de tres mil policías, cuando antes esto se hacía en un aproximado de nueve meses, es decir que la entidad está cumpliendo con la normatividad pues además los resultados son entregados en tiempo y forma, respetando los derechos de los examinados.
Cabe mencionar que la capacitación es muy importante para los titulares de Control y Confianza a fin de estar a la vanguardia en el tema, por eso este curso impartido por la embajada norteamericana a través de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley, en coordinación con policía federal, resulta de gran relevancia a fin de que las quejas por maltrato que se dan por parte de quienes examinan en los Centros de Control de Confianza se terminen y se de paso a una nueva etapa con eficacia pero respetando los derechos humanos y la ley. Por cierto, en Chiapas hay 14 mil 615 policías, y están en lista de espera para evaluar unos cuatro mil 476 policías estatales, dos mil 411 municipales, mientras que cuatro mil 970 de ellos cuentan ya con su evaluación vigente y se evalúan de entre 45 a 55 policías a diario emitiendo resultados en el plazo que marca la norma que es muy rigorosa, sin embargo la entidad destaca a nivel nacional por cumplir de manera eficiente en los exámenes que se realizan para tener un estado más seguro y que los elementos policiacos sean cada vez más transparentes.
Con Filo
El Secretario de Hacienda; Huberto Pedrero instruyó la rotación de administrativos en todas las dependencias estatales, pero ningún funcionario fue informado de esta decisión antes de mandar a los nuevos titulares, de tal manera que algunos de ellos pusieron el grito en el cielo como; Carlos Morales, Secretario de Medio Ambiente, Mario Uvence, Secretario de Turismo y José Luis Orantes titular del Indeporte, quien dijo que la instrucción de la Secretaría de Hacienda la discutiría con el dueño del circo y no recibió a ninguno de los enviados pues resulta que algunos funcionarios les enviaron desde el titular de Recursos Financieros hasta el intendente, para tener mayor control en el gasto, pero ¿quién sería el de la brillante idea? En fin muchos funcionarios mantienen la resistencia con toda razón pues es indudable que hay un interés superior en tener el control de recurso a toda costa, lo cual definitivamente no es aceptable…///El paro que anuncian unos 22 mil transportistas de la entidad, sin duda generará severos conflictos a miles de ciudadanos por eso insisten en que se apliquen las leyes vigentes y se combata el alto número de piratas que existe en todas las regiones del estado. El dirigente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos, «UNTRAC», que encabeza Salvador Rivera Castrellón, informó que transportistas de diversas organizaciones, se reunieron en la Cámara de Diputados con legisladores de la Comisión de Transportes y, por otro lado, con la Secretaría de Gobernación, para denunciar la falta de respuestas del gobierno de Chiapas y prever consecuencias fatales que se podrían suscitar ante la omisión de las autoridades. De acuerdo a los transportistas la proliferación de transporte ilegal afecta no sólo a los ciudadanos del estado sino a miles de turistas nacionales y extranjeros que visitan la entidad, y que se han visto afectados con altos cobros y con asaltos en unidades que no pueden ser denunciadas al no contar con documentos o identificadores de quienes las operan.
