Urge reestablecer el estado de derecho en el municipio de Soyaló donde los habitantes están fuera de control en el bloqueo que mantienen en la carretera federal desde hace tres semanas, lugar en el que han golpeado a transeúntes que buscan llegar a otros municipios de la zona norte de la entidad. La inconformidad está relacionada con un compromiso de campaña del actual presidente Freddy Espinosa Hernández que ofreció darles un apoyo de mil 200 pesos anuales a unos 600 habitantes de la cabecera municipal y de la comunidad Francisco Sarabia, supuestamente de escasos recursos económicos, que han sido beneficiados de esta misma manera en otras administraciones municipales donde les habían dado láminas y material de construcción diverso, solo que ahora los inconformes quieren 15 bultos de cemento por cada jefe de familia lo cual rebasa la cifra económica de la que había dispuesto el alcalde, pero además condicionan que las envolturas no tengan la leyenda de «no negociable», para que una vez que lo reciban lo puedan vender al mejor postor, lo peor del caso es que con tres semanas que llevan cobrando a los transportistas seguramente han obtenido más de mil 200 para cada uno de los que están en el movimiento, si tomamos en cuenta que cobran entre 100 y 300 pesos por permitir el tránsito vehicular.
Aparte de todo los inconformes piden que el cemento que se les va a entregar sea de la marca «Tolteca», cuando lo que deberían hacer, es pedirle cuentas a César González Torres que es quien lidera el movimiento pues seguramente con lo que han estafado a los automovilistas tienen hasta para construir una casa para cada uno. Esperemos que les cuadren las cuentas por que generalmente en estos movimientos son los líderes los que se enriquecen y siguen pidiendo que el gobierno les dé más y más. En este sentido se debería aplicar la ley y llevarlos a la cárcel pues finalmente no se les ha negado el apoyo económico, el problema es que quieren más de lo que históricamente se les da y el Presidente Municipal, Freddy Espinosa no supo comprar a tiempo a los líderes para evitar que se magnificara el movimiento en el que muchos son los automovilistas que han sido agredidos por quienes con palos y piedras exigen un pago para dejar transitar libremente, lo cual es un delito y por tanto, se puede iniciar un procedimiento judicial en su contra.
Con Filo
Campesinos del Movimiento Social por la Tierra (MST) se movilizan en 13 estados del país para demandar que el Gobierno de la República dé marcha atrás al gasolinazo, y derogue la reforma fiscal y energética, así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Francisco Chew Plascencia, dirigente del MST señaló que, para cubrir los costos financieros de la reforma energética, el Gobierno Federal promovió la llamada reforma fiscal, para ajustar el gasto público por la vía del recorte y la creación de nuevos impuestos. Con esta medida se buscó compensar el impacto por la reducción de los ingresos producto de la renta petrolera. Para llenar este vacío fiscal, en el caso de la gasolina, diésel y algunos otros productos, fue creado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica desde el ejercicio fiscal 2016 y que representó un ingreso de 220 mil millones de pesos para el gobierno, y para 2017 tiene previsto recaudar 284 mil millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos. La carga tributaria de este impuesto es de 4 pesos por litro de combustible. Sin embargo, el líder campesino indicó que, una vez más, el costo de entregar la riqueza petrolera se carga sobre la espalda de los mexicanos, por lo que será un reclamo permanente del MST la derogación de las reformas fiscal y energética así como la cancelación del IEPS. Esta demanda se reiterará durante la marcha campesina convocada por el Frente Auténtico del Campo para el próximo 31 de enero donde se espera la participación de campesinos de Tula, Hidalgo, México, Michoacán, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí y colima…///En Chiapas regresa el operativo mochila, lo cual es muy bien visto por los ciudadanos y por los padres de familia de tal manera que mediante el programa «Escuela Segura» implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se combate la violencia, adicciones y la delicuencia, destacó el titular, Jorge Luis Llaven Abarca, en el marco del operativo mochila que se llevó a cabo en el municipio de Emiliano Zapata, en el Telebachillerato 06 y Telesecundaria número 42, efectuado por la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, bajo el consentimiento de los padres de familiar, quienes junto con las autoridades escolares, realizaron la revisión de 685 mochilas. Con excepción de la localización de cuters, navajas y tijeras, el saldo fue blanco en materia de adicciones, sin embargo al término de cada operativo mochila, se realiza la entrega de un manual que incluye el protocolo de prevención psicosocial, que permite a las autoridades escolares prevenir el consumo de sustancias y en caso de detectarlas en el alumno saber a que autoridad dirigirse; evitar conductas antisociales y la realización de un test psicológico avalado por la propia Secretaria de Salud.
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