El Diputado Federal informó que se envió un dictamen para establecer mecanismos de investigación que coadyuven garantizar la legalidad y transparencia en las próximas elecciones
Redacción
[dropcap]A[/dropcap]nte la compleja incidencia que representan los delitos de carácter político y electoral en los estados del país, en la Comisión Permanente solicitamos a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que implemente acciones para que en las 32 entidades federativas del país, cuenten con una fiscalía especializada; manifestó Emilio Salazar Farías.
El objetivo del dictamen que estén por venir; planteó el diputado federal por el estado de Chiapas. Sólo hasta junio de 2016 -agregó el político tuxtleco-, los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con esas instancias.
Definitivamente es importante garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y supervisar que los recursos públicos de los programas federales no sean utilizados con fines políticos; reconoció el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión. La FEPADE, dijo, es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas en toda la República, que investiguen y persigan este tipo de delitos.
Si queremos dar pasos firmes para robustecer nuestras instituciones democráticas y nuestro Estado de Derecho, matizó el diputado chiapaneco, todas las autoridades deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les corresponden, a fin de crear una atmósfera de seguridad jurídica.
Para finalizar, Salazar Farías, pidió replicar a nivel local este tipo de acciones, para que la historia vivida -por ejemplo en mi estado-, en donde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quedó en entredicho su capacidad democrática, en la elección del diputado migrante, en la equidad de género y otros rubros que exigieron la intervención del Instituto Nacional de Elecciones (INE), provocando el cambio total de los consejeros electorales, concluyó.
