Mexicanos Primero acusó a la administración de Manuel Velasco Coello de no sancionar a maestros que pararon al inicio del ciclo escolar, afectando a 760 mil alumnos
Portavoz/Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a organización Mexicanos Primero acusó al Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Coello, de ser incapaz de aplicar la ley en defensa de los derechos de la niñez.
«La falta injustificada de los docentes a su lugar de trabajo viola el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes», expuso.
«Exigimos al Gobierno de Chiapas, al secretario General de la Contraloría General, y al secretario de Educación Pública del estado que atiendan al mandato que recibieron —cumplir y hacer cumplir la ley- y no solapen la impunidad.»
La organización explicó que, a través de su brazo jurídico Aprender Primero, realizó una serie de acciones para verificar el cumplimiento del gobierno chiapaneco de lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), con motivo del paro sindical al inicio del ciclo escolar 2016-2017.
Este paro duró alrededor de 12 días y provocó el cierre del 58 por ciento de los planteles educativos en la entidad, lo que afectó a unos 760 mil estudiantes.
Sin embargo, advirtió, ningún docente fue sancionado por ello, de acuerdo con la ley.
Mexicanos Primero presentó una solicitud de información de los nombres de los docentes separados del cargo y/o nombres de los maestros a los que se aplicaron descuentos por los días de inasistencia.
En respuesta, la Secretaría de Educación del Estado determinó que no recibió reportes de incidencias relativas a faltas injustificadas en el periodo solicitado.
Ante la falta de reportes, la organización presentó un escrito en ejercicio del derecho de petición dirigido a la Secretaría, solicitando que se iniciaran los procedimientos respectivos para separar a los trabajadores que tuvieron más de tres faltas injustificadas, como marca la ley.
«La petición no recibió respuesta en el plazo que establece la ley, por lo que Aprender Primero inició una demanda en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en contra de la Negativa Ficta y pidiendo la intervención del Judicial ante esta omisión del Ejecutivo, demanda que está en trámite», relató.
En tanto, agregó Mexicanos Primeros, se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas contra los servidores públicos que no cumplieron con lo dispuesto en la LGSPD, respecto a separar del cargo a los docentes que faltaron sin justificación por un periodo mayor a tres días.
«El 17 de febrero se notificó a Mexicanos Primero la resolución a dicha denuncia, en la que la Secretaría de la Contraloría General determinó que no existen elementos de prueba que permitan fincar alguna responsabilidad, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades se advierte que todas las acciones tomadas fueron con la única finalidad de no exponer la integridad física y psicológica de los menores alumnos, así como la integridad física laboral de los docentes para no confrontarlos con los grupos que se manifestaban contra la reforma educativa.»
La organización explicó que la Contraloría basó su resolución en las razones que había dado la Secretaría de Educación de Chiapas: que no se recibió reporte alguno de faltas injustificadas de los maestros; que aun cuando los centros de trabajo fueron cerrados por padres de familia u organizaciones sociales, eso no impidió que los trabajadores desempeñaran sus actividades educativas en sedes alternas y que no se aplicaron descuentos por instancias derivado de los diferentes acuerdos que el Gobierno sostuvo con representantes del conflicto magisterial.
Esta situación, agregó, fue confirmada por el director de Asuntos Federalizados de la Secretaría de Educación de Chiapas, citado en el escrito de la Secretaría de la Contraloría en respuesta a la demanda.
«Si bien es cierto que diversos centros educativos pertenecientes a esta Dirección a mi cargo se encontraban cerrados, fue en razón a la situación social que prevalecía en ese entonces, que se tomaron diversos criterios a fin de salvaguardar la integridad física y laboral de los docentes, así como prevalecer la integridad física de los menores alumnos como trabajadores de Educación, Director de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Chiapas.»
Mexicanos Primero aseguró que las razones aducidas por los funcionarios del gobierno de Chiapas carecen de sustento legal alguno y por tanto son inválidas.
«Implican incumplimiento grave de las obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría de Educación para reportar faltas de los docentes; tampoco se señalan las pruebas que sustentan (…) que todos los docentes desempeñaron sus actividades educativas en sedes alternas mientras duró el conflicto.»
Se violó la normativa, añade, a sabiendas, derivado de diversos acuerdos con los disidentes y de diversos criterios.
La organización demandó al gobernador Velasco ordene a sus secretarios el inmediato cumplimiento de la ley en favor del interés superior de la niñez, sin distorsiones ni rebajas.
«Como su superior, debe instruirlos para que desempeñen sus funciones y ejerzan todas sus atribuciones en el marco de la ley, y no tolerando las respuestas superficiales, oportunistas o cómplices que defraudan a las presentes y futuras generaciones.
«A Miguel Agustín López Camacho, secretario General de la Contraloría General, para que verifique inmediatamente el actuar de los servidores públicos de esa dependencia local, por el aval a criterios extralegales para dejar de aplicar la ley y dar por ciertos los dichos sin prueba alguna; en su caso, que se indique a la ciudadanía a qué sedes alternas se fueron a dar clases todos los docentes del Estado durante los días que duró el cierre de planteles escolares; pues faltar a la verdad de manera tan grave no puede ser la herencia que deja un titular en una dependencia de importancia crucial para la rendición de cuentas a los ciudadanos», exigió.
Al secretario de Educación, Roberto Domínguez, demandaron verificar el actuar de los responsables de reportar las faltas de los docentes a sus labores, pues parecen omitir deliberadamente el cumplimiento de sus deberes, y proporcionen información veraz para vigilar el cumplimiento de la ley y de las obligaciones de los maestros.
«Negociar con la ley es burlarla, y pretender presentar la incapacidad en seguridad pública como justificante de una violación grave al marco jurídico educativo, que es de observancia nacional, es doble agravio, no justificación», advierte.
«La violación del derecho humano a una educación de calidad de parte de la propia autoridad del Estado resulta indignante y oprobioso; ningún interés puede estar por encima del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes chiapanecos».
Mexicanos Primero exigió el cumplimiento sin pretexto de la ley y la reparación debida a los alumnos por las oportunidades de aprender que les fueron negadas con violencia e impunidad.
