No se puede privilegiar el pago de la deuda externa en presupuesto de egresos 2018, cuando la justicia social no ha llegado a Chiapas, sostiene el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
ASICH
[dropcap]E[/dropcap]n el presupuesto federal 2018 no se puede privilegiar el pago de la deuda externa con 500 mil millones de pesos, cuando la pobreza es la deuda principal del gobierno con los mexicanos, señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz.
En el marco de la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 por los diputados federales, sostuvo en entrevista que actualmente no sólo persiste la pobreza en zonas indígenas, sino que también hay mayor inseguridad y contaminación, por lo que se tiene que hacer un alto en el camino que se ha seguido a fin de sanear la deuda externa por encima de la deuda para superar la pobreza.
Aseguró que esta situación la ha hecho notar por escrito a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Incluso dio a conocer que el pasado viernes participó en una reunión entre representantes de pueblos indígenas del país y los diputados integrantes de ambas comisiones, donde demandaron que el presupuesto indígena cuando menos sea similar al de 2017.
Destacó que el 21 por ciento de la población mexicana es reconocida como población indígena, es decir, alrededor de 12 millones de indígenas, pero el presupuesto solamente representa el 1.5 por ciento del total del presupuesto general.
«En Chiapas hay muchas necesidades que deben ser atendidas en los municipios indígenas, con infraestructuras, carreteras, salud, educación, vivienda y otras».
«No se puede privilegiar el pago de la deuda externa, por lo que quienes se dedican a la cuestión financiera tendrán que ver cómo revisan lo que están haciendo, porque no se puede castigar bajo ninguna circunstancia, los presupuestos indígenas y con ello a los que menos tienen».
Martínez Veloz expuso un conjunto de acciones que han generado las circunstancias en donde cada vez el Estado tiene menos recursos para atender las grandes carencias que tiene el pueblo de México.
«Al transferirse empresas que antes estaban en manos del Estado mexicano a particulares no solamente se transfiere una actividad económica, sino también se transfiere el poder político, por lo que ahora no quieren pagar ni siquiera el impuesto predial. Esto ha dejado al Estado mexicano con recursos más reducidos, en tanto todavía tiene que darles alta seguridad».
Asimismo, agregó, cada vez existe un mayor recorte al gasto social, de ahí que en el presupuesto 2017, por ejemplo, la CDI que coordina el trabajo institucional con las comunidades indígenas haya sufrido un recorte de más del 51 por ciento, sin argumentos válidos ni criterios que pudieran justificarlo.
