Criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización, amenazas y difamación fueron las represalias que sufrió el activista chiapaneco
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]riminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización, amenazas y difamación, fueron las represalias que sufrió el activista chiapaneco, Mariano Abarca, durante su lucha en oposición a un proyecto minero, comentó su hijo José Luis Abarca, mediante un comunicado. A casi nueve años de impunidad ante su muerte, sus familiares, con el apoyo de cinco organizaciones, presentaron una denuncia contra la embajada de Canadá en México.
El líder ecologista era defensor de derechos humanos y del medio ambiente en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. Además de haber fundado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Debido a su valía por denunciar a la mina la Revancha por los daños que ocasionaba a la salud y al ecosistema, fue ultimado a balazos afuera de su casa por presuntas personas relacionadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, en noviembre de 2009.
Hasta la fecha, la familia de Mariano Abarca no ha obtenido justicia, por lo que tanto organizaciones mexicanas como canadienses presentaron ante el gobierno de Canadá una solicitud formal para que se investiguen las acciones y omisiones de su embajada en México, por supuestamente encubrir a dicha compañía e incrementar el peligro que enfrentó el activista y otros habitantes, de acuerdo con información de El Universal.
Esto «ante la evidencia documentada de que operó a favor de la empresa minera Blackfire, violando leyes y códigos de conducta de ese país que aplican a la diplomacia», afirmó José Luis.
Asimismo, aseguró que la documentación que comprueba los hechos fue obtenida a través de solicitudes de información realizadas al Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.
«Como el asesinato no ha sido aclarado ni detenido a los involucrados, su familia sigue en riesgo y vive hostigada», agregó. Además, resaltó que después del homicidio, «la embajada asesoró a la empresa para demandar al gobierno de Chiapas, según las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos».
En dicho comunicado, José Luis también relató que su «papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire».
No obstante, poco después fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la compañía. «La embajada tuvo conocimiento de todo esto; sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire», sostiene el hijo del líder ecologista. Añadió que en vez de facilitar un diálogo sobre el conflicto minero, la embajada canadiense «prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas».
Por su parte, la activista de Otros Mundos A.C, Libertad Díaz, expresó su preocupación por la importancia que se le da a la inversión canadiense en el sector minero mexicano; «estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses».
La denuncia fue presentada este lunes en Ottawa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, en la cual se expone que esas injerencias fueron «uno de los factores que incidieron en el homicidio», informó la familia de Mariano Abarca y una de las organizaciones, Otros Mundos, A.C. de Chiapas.
Esta última organización, junto con MiningWatch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, impulsaron la querella. Es la primera vez que se interpone una denuncia ante el comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, por una posible falta de la embajada.
Petición a la corte interamericana de DDHH
La familia de Mariano Abarca ha tocado muchas puertas para lograr la justicia. En julio de 2017, llevaron a cabo una conferencia de prensa que se desarrolló en la Ciudad de México, con el objetivo de difundir la petición entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la actuación del Estado mexicano por no haber protegido la vida del activista y por evadir la búsqueda de justicia.
La petición fue firmada por la organización Otros Mundos A.C, Amigos de la Tierra México y por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y por la REMA, de acuerdo con información del portal Radio Mundo Real.
Además del Estado, también acusaron a la minera canadiense y quienes ostentaban el poder en ese entonces: El ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón, y por el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.
«La investigación por parte del Estado mexicano se encuentra paralizada», leyó José Luis Abarca ante los presentes, y señaló que después de estar detenidos varios implicados -todos ellos con algún vínculo de trabajo con la empresa Blackfire-, y de incluso haber sentenciado a uno de ellos (2010), «hoy todos, incluyendo al sentenciado, se encuentran en libertad», sin que haya nuevas líneas de investigación.
