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La agenda del 7 de junio / Eduardo Torres Alonso

La agenda del 7 de junio / Eduardo Torres Alonso

Se ha dicho con insistencia que, hasta hace poco, la democracia no existía en México. Para algunas personas, esta es una aseveración irrefutable y para otras representa un reduccionismo inadmisible. Ambas posiciones se encuentran en las antípodas del pensamiento. En ese sentido, tal vez como una posición intermedia se podría decir que la democracia –como sistema basado en un régimen de libertades y derechos que permite la ordenación de preferencias electorales, organiza gobiernos y permite la articulación ciudadana– aún no es la que se desea. Lo cierto es que en la actualidad, y como resultado de un proceso de cambio institucional gradual mas no definitivo, el ejercicio del poder depende de reglas y no de los ánimos de una camarilla.

El proceso de diseño e institucionalización de estas reglas ha llevado mucho tiempo, poco más de medio siglo si tomamos como punto de inflexión 1968; no obstante, en la discusión sobre los procedimientos y normas vinculados a elecciones, partidos, alternancias y transiciones, se dejaron de lado otros temas igualmente relevantes para la sociedad: la salud, la desigualdad o la inseguridad. La reforma política concentró los esfuerzos de los actores públicos, privados y sociales. Era natural: lo urgente y lo importante era llegar hacia un sistema de certidumbre electoral y de confianza en los poderes, por eso, casi en cada sexenio ocurrieron reformas a las leyes electorales.

Una vez resueltas las elecciones de junio de 2021, se instalarán nuevas legislaturas en varias entidades federativas y habrá una nueva Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En ellas, diputadas y diputados llevarán consigo una agenda legislativa, pero esta debe ir más allá de modificaciones menores o coyunturales, debe ser una agenda de cambio político profundo que supere el expediente electoral. No obstante, hay un primer reto a sortear: no hay un criterio único que permita establecer una jerarquía para los cambios. Por supuesto, el gobierno tiene su inventario reformista, pero ese no es el único y no necesariamente es el más importante. La oposición, por supuesto, tendrá el propio, y los actores informales también integrarán la propia que la harán llegar a los espacios de decisión con algún personero. En suma, ninguna lista de modificaciones tiene superioridad en sí misma.

Una agenda de cambio como la que se menciona debe fortalecer la gobernabilidad. La pandemia agudizó problemas ya existentes en la sociedad: desempleo, uso del tiempo desigual para mujeres y hombres, violencia doméstica, deserción escolar, entre otros; en este sentido, las instituciones deben ser fortalecidas para volverse los canales idóneos que gestionen los conflictos antiguos y nuevos, desde la pluralidad y el Estado de derecho.

Esa agenda no aparecerá de la nada ni será resultado de una sola persona o corporación. Será producto de una ciudadanía audaz, atenta y propositiva, de políticos decididos y responsables, de partidos abiertos y democráticos, de organizaciones civiles conscientes de su papel para crear un mejor futuro, y de un cuerpo de directivos públicos listos y capaces.

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