A un año de que la CIDH otorgara medidas cautelares a 12 comunidades de Aldama, el Estado mexicano no ha garantizado la paz y seguridad en el territorio
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Por ser víctimas directas de una violencia imparable, personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitará en próximas fechas a 22 comunidades indígenas de Chiapas, sin embargo, aún no se ha especificado una fecha exacta.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que el Estado mexicano no ha tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, esto a un año de emitirse medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de doce comunidades indígenas tsotsiles de Aldama,
El organismo defensor de los derechos humanos, recordó que el 23 de abril de 2021, la CIDH emitió la resolución número 35/2021 tomando en consideración la «situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial».
Dentro de esta resolución, el Frayba manifestó que también se establecieron las medidas adoptadas por el Estado (acuerdos de no agresión, medidas de diálogo y patrullajes), pero que no han sido efectivas e idóneas dado que no han permitido mitigar la situación de riesgo.
El análisis del CIDH, expone el Frayba, tomó en cuenta distintos elementos que no han sido atendidos de manera efectiva por parte del Estado, «por lo que no se ha logrado el desarme y desarticulación del grupo agresor, y que resultaría pertinente abordar, por lo menos, la conformación, estructura, y financiamiento de las personas armadas, así como su relación con el conflicto territorial… identificar el origen de las armas utilizadas y la fuente de adiestramiento».
Otro punto relevante que encuentra en las medidas cautelares de la CIDH, refiere el Frayba que es la inadecuada delimitación de los territorios, que provoca un clima de incertidumbre permanente y que puede generar mayores situaciones de violencia y afectar la paz social de los colectivos.
«Lo anterior fue reafirmado por la CIDH el 15 de diciembre de 2021, al emitir la resolución de seguimiento 102/2021 en donde solicitó visitar veintidós comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de medidas cautelares (una en Chenalhó, nueve de Chalchihuitán y 12 de Aldama); el 22 de abril el Estado mexicano notificó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) la anuencia de la visita en sitio la CIDH, por lo que esperamos la confirmación de la fecha», destacó.
A esta situación, el Frayba lamentó que desde abril del 2021 cuando se emitieron las medidas cautelares, al menos tres personas han sido asesinadas por disparos de armas de fuego y otras cinco han resultado heridas (entre ellas una niña menor de edad), pero en lo referente a este año, agregó que, del 1 de enero al 25 de abril, se han reportado más de mil 95 ataques con armas de grueso calibre en contra de las comunidades de Aldama.
«A un año de la resolución de la CIDH lamentamos que el Estado mexicano no tome medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, integridad personal y una paz duradera, atendiendo todos los elementos del conflicto; destacamos que es importante dejar de reducir la situación a una disputa de tierras y la simulación de acuerdos, lo que a su vez impide soluciones de fondo para las comunidades de la región de los Altos de Chiapas que viven una violencia prolongada de impactos psicosociales críticos e irreparables», apuntó el centro de derechos humanos.
