Proactiva, otra de las herencias malditas
El caso Proactiva en Tuxtla Gutiérrez es un nudo de problemas e intereses más complicado de lo que parece. El trasfondo responde a compromisos políticos con gobernantes del pasado y tramposos amarres contractuales que hoy mantienen a la empresa con el control de la situación legal y una impunidad lasciva.
Para entender la situación de Proactiva hay que separar los escándalos que hoy envuelven sus operaciones en la capital chiapaneca. Por un lado se encuentra su situación legal, con una concesión perfectamente armada para garantizar su permanencia durante los 20 años, mientras por el otro el grave daño ambiental que su relleno sanitario provoca al predio San Martín Mulujar y sus inmediaciones.
La deficiente recolección de residuos en la ciudad, las promesas para suspender la concesión y la abultada deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa son asuntos que tienen explicación simple: el gobierno estatal pasado, mediante sus alfiles en la alcaldía tuxtleca, dejaron a la empresa un millonario contrato de prestación de servicios prácticamente irrevocable por parte del Ayuntamiento.
Sus vinculaciones personales con los últimos cuatro ex alcaldes de Tuxtla Gutiérrez han sido recurrentes temas dentro de la prensa estatal debido al turbio proceso con el que se asignó la concesión de 20 años y la vigilancia prácticamente cómplice con la que las autoridades municipales han solapado sus múltiples irregularidades.
El proyecto de concesionamiento se gestó en la administración municipal de Juan Sabines Guerrero y se concretó durante el interinato de Rosario Pariente Gavito, en 2006. Un proceso presuntamente avalado por Transparencia Mexicana, donde fue precisamente la transparencia lo que hizo falta.
De esta forma, aunque la empresa se ha negado a hacer pública la documentación oficial que revele los nombres de sus socios, se ha relacionado dentro de la mesa directiva de Proactiva a personajes como Juan Carlos López Fernández, brazo derecho del entonces candidato a la gubernatura por el PRD-PT, Juan Sabines Guerrero.
A Proactiva los tuxtlecos le pagan mensualmente nueve millones de pesos por supuestos servicios en «nivel de excelencia». Durante los últimos ocho años se ha embolsado más de 800 millones de pesos que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez le ha pagado por los servicios de recolección, separación y tratamiento de la basura.
La situación ha generado una deuda que se ha vuelto prácticamente impagable, donde la empresa –incluso- se ha dado el lujo de suspender sus servicios por falta de pago, manteniendo a las autoridades municipales «agarradas de los genitales» con constantes amenazas de suspensiones generalizadas.
Es así como el único frente de verdadero embate a Proactiva se ha vuelto el tema ecológico. Ahí Héctor Montesinos, dueño del predio San Martín Mulujar, ha dado la batalla para evidenciar y denunciar las afectaciones ambientales provocadas por el relleno sanitario de Proactiva, con logros importantes como el pronunciamiento del Senado de la República.
Es sólo por esa vía donde se tienen oportunidades reales para finalizar las operaciones o suspender la concesión a la que aún le faltan más de 10 años para concluir. No se ven otras opciones posibles para detener a esa costosa y dañina herencia del sexenio pasado, donde las autoridades municipales parecen haber sido rebasadas e inutilizadas.
Sin embargo, mientras sean vigentes los compromisos políticos entre el sexenio pasado y el actual Gobierno del Estado, la solución se vaticina complicada, políticamente inviable y muy lejos de soluciones por lo menos para los próximos tres años. Así de inquietante el panorama para quienes hoy padecen las arbitrariedades de la controversial empresa.
