Chiapas, muy lejos de ser «la frontera amiga»
De nada han servido los compromisos diplomáticos entre México y el resto de los países involucrados en la migración ilegal hacía los Estados Unidos, pues la república mexicana, y en especial la entidad chiapaneca, están todavía muy lejos de convertirse en esa «frontera amiga» que tanto se pregona en los discursos políticos.
Mientras muchos aquí se desgarran las vestiduras debido a los malos tratos denunciados por los connacionales mexicanos en tierras estadunidenses, las cifras sobre los abusos cometidos contra migrantes ilegales en tierras mexicanas parecen mucho más graves, pero menos escandalosas para la agenda pública nacional.
Y los datos hablan por sí solos. Así lo deja de manifiesto el último informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes que señala que de los 30 mil indocumentados que fueron atendidos en albergues durante 2015, más de una cuarta parte acusó haber sido obligados a proporcionar dinero a autoridades federales para salir de las estaciones migratorias.
Según el documento denominado «Migrantes en Tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria», los delitos contra personas en tránsito realizados por autoridades, en particular el robo y la extorsión, aumentaron 86 por ciento en tan sólo un año. Los delitos atribuidos a autoridades de los tres niveles de gobierno pasaron de 467 a 868 entre 2014 y 2015.
Aunque en 2014 las policías municipales fueron las más señaladas por participar en delitos, para el siguiente año la participación de la Policía Federal incrementó en 15 puntos, hasta representar la mitad de todos los delitos cometidos.
Las diez casas de migrantes que conforman la Red también identificaron delitos constantes como lesiones, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, abuso sexual, trata de personas y abuso de autoridad. Según narraron directores de casas de migrantes, los policías de todos los niveles cobran cuotas mínimas de 300 pesos para permitirles seguir su tránsito.
Y en estas vergonzosas cifras Chiapas también juega un papel protagónico. Y es que, de mil 768 delitos registrados en 2015, la mitad ocurrieron en la entidad chiapaneca, la principal puerta de entrada al país para migrantes centroamericanos; le siguieron estados como Veracruz y Oaxaca, con migrantes que provienen, en su mayoría, de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Pero los vergonzosos datos sobre extorsión no resultan lo más grave del reporte, pues en 2015, unos 7 mil migrantes fueron desaparecidos por agentes estatales o miembros de la delincuencia organizada, de acuerdo a estimaciones de la misma Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
La cifra fue calculada por diez organizaciones y casas de migrantes, con base en 30 mil entrevistas realizadas a quienes observaron cómo las personas fueron levantadas durante su tránsito por el país, y cuyo destino se desconoce.
Se trata de una realidad lastimosa de la que poco se habla y que sigue cobrando miles vidas, mientras la mayoría de los mexicanos siguen enfocando los reclamos de indignación a lo sucedido en la frontera norte, como si lo sucedido a los migrantes centroamericanos en territorio nacional fuera asunto menor o de poca importancia.
La realidad es que hoy, ante la omisión de los organismos federales responsables de salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes, siguen siendo las organizaciones no gubernamentales quienes han asumido la responsabilidad absoluta del asunto, entre las complicaciones y los riesgos de un tema coyuntural, que en México es todavía una mayores muestras de esa doble moral para un país donde aún se exige lo que no se es capaz de ofrecer al resto del mundo.
