Nuevamente los grupos de choque a la orden del Estado
El desalojo violento a los padres de familias y docentes en el tramo carretero Tuxtla – San Cristóbal, orquestado y ejecutado por las autoridades de los tres niveles de gobierno bajo la complicidad mercenaria de sus habituales grupos de choque, no puede generar otra cosa más que indignación y alarma entre el resto de la población por la forma tan arbitraria para disolver una manifestación social.
Más allá de que estemos de acuerdo o no con las formas del magisterio y sus aliados sociales para presionar al gobierno, ningún ciudadano en su sano juicio podría avalar o aplaudir el uso gubernamental de agrupaciones violentas a ultranza o grupos armados para desalojar a otro contingente de ciudadanos en la expresión legitima de cualquier inconformidad.
Porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y los grupos encapuchados que actuaron ayer para expulsar violentamente y quemar los campamentos son ya viejos conocidos de la política chiapaneca. Se trata de esos grupillos financiados por el mismo partido político que durante más de ochenta años se ha encargado de mantener vigentes sus viejas prácticas.
Por más que el señor Juan Carlos Gómez Aranda salga a justificar o excusar los hechos y tratar de ampararlos bajo la imagen de los Derechos Humanos, hoy a nadie le queda duda el móvil real que consumó el arbitrario desalojo de este miércoles. Esos grupos encapuchados que tanto legitima no se movilizan por voluntad propia y tienen intereses políticos o económicos que nada tienen que ver con las causas sociales.
Fueron grupos violentos y armados a quienes no les importó pasar por encima de la dignidad de los otros manifestantes, mientras los elementos policiacos los resguardaban (con total complicidad cínica) durante el indiscriminado uso de la violencia en contra de los docentes y padres de familias. Porque lo que todos vimos en redes dista mucho del discurso mediático emitido por Gómez Aranda sobre la actuación de la policía.
Los elementos policiales no llegaron a proteger ningún Derecho Humano, estuvieron ahí para garantizar el trabajo de los violentadores contra esos mismos derechos con los que tanto se llenan la boca. Porque hoy no vemos a las autoridades rasgarse la vestiduras por los cobardes actos que violentaron la dignidad de los maestros, como cuando todos salían conmovidos el día en que un grupo de docentes fueron rapados en Comitán por organizaciones civiles igual de violentas que las de este miércoles.
Hoy hacen falta esas declaraciones oficiales indignadas que exijan cárcel para los grupos transgresores la dignidad humana. Ahora también son oportunas las posturas gubernamentales para exigir todo el peso de la ley contra esos grupos; sin embargo, a varias horas de los hechos sólo se han recibido justificaciones absurdas, por razones que parecen obvias.
El descarado desalojo policial disfrazado de manifestación social violenta no puede repetirse y mucho menos justificarse, pues corremos el riesgo avalar prácticas anómalas que ahora se instrumentan contra el magisterio, pero mañana pudieran aplicarse contra otro sector inconforme al que podríamos pertenecer o no. Deben fincarse responsabilidades y actuar con todo el peso de la ley para los ejecutores de este vergonzoso hecho y sus autores intelectuales. No hay de otra.
