El fraude en Chiapas tiene autor intelectual y es verde
En el mayor ejemplo de cinismo político ahora resulta que hasta los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas se han querido subir al «tren» de la indignación social y la solicitud de castigo en contra de los responsables del fraude electoral cometido en la entidad chiapaneca durante año pasado, donde por cierto su partido terminó quedándose (a la mala) con casi todas las alcaldías y diputaciones locales.
Y es que, hace sólo unos días el presidente estatal del PVEM y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, salió a los medios de comunicación para sumarse a las voces que exigen hoy la destitución de todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y que «los responsables sean sancionados con todo el rigor de la ley», como expresó textualmente.
Ante semejante postura las preguntas lógicas brotan de manera inmediata. O Ramírez Aguilar peca de inocente al reconocer de facto el fraude electoral donde su partido fue el principal protagonista o de plano cree que la ciudadanía padece amnesia temprana y ha olvidado ya la responsabilidad medular que el partido verde tiene en tan escandaloso fraude electoral.
No señores, no podemos olvidar tan rápido que aunque ahora la autoridad electoral federal castiga tibiamente a los autores materiales del fraude en Chiapas, los autores intelectuales tienen nombre y apellido. Son personajes perfectamente identificables que operan desde el partido político gobernante en la entidad, que es justo el que Eduardo Ramírez dirige.
Resulta evidente que, además de la tibieza con la que el INE ha resuelto en el caso Chiapas, la autoridad nacional también ha incurrido en complicidad por omisión. Ha perdido de vista el origen del fraude electoral y su autoría intelectual como parte esencial de lo que orquestó y consumó todas las ilegalidades ya documentadas y reconocidas oficialmente.
Porque resultaría inocente y hasta absurdo pensar en que los consejeros del órgano electoral local actuaron solos, por capricho o improvisación a la hora de alterar todos los procedimientos necesarios para favorecer al PVEM. No sólo en la elección del «diputado migrante», sino en todas las demás elecciones municipales y legislativas que terminaron entregando la entidad al partido verde que, paradójicamente, es quien gobierna la entidad.
Hoy son algunos de los consejeros, el ex diputado Roberto Pardo y hasta los dueños de la empresa involucrada los que van a pagar las facturas de un fraude ideado y orquestado por sus jefes. Son ellos quienes tendrán que enfrentar las órdenes de aprehensión ya giradas en su contra, mientras los operadores siniestros del PVEM en Chiapas se hacen los desentendidos, amparados bajo la complicidad de las autoridades electorales.
Porque evidentemente los implicados se tienen ganados los castigos que resulten y todos los consejeros del IPEC deben ser removidos e investigados de inmediato, pero también se tienen que atribuir las responsabilidades logias en contra de quien finalmente resultó el principal beneficiario de los fraudes electorales cometidos en Chiapas y que, ahora, se deslinda del cochinero con tan descarado cinismo.
