Entre la anarquía, Estado fallido y la descomposición social
Los ejemplos de la anarquía y descomposición social en la que viven algunas zonas rurales e indígenas del país siguen escandalizando e indignando a muchos mediante periódicos episodios de linchamientos públicos que en pleno Siglo XXI siguen exponiendo a México como una nación de rezagos, llena de hartazgo social y con un estado de derecho altamente vulnerable.
Lo sucedido este fin de semana en San Cristóbal de las Casas y San Francisco del Mar, Oaxaca, son la muestra más reciente y escandalosas de lo que durante años han sido una constante dentro de pueblos donde la ley parece inexistente y la justicia social se ha vuelto menester de turbas enfurecidas que pueden arrebatar vidas sin corroborar responsabilidades.
Y es que, aunque responden a la misma ineficacia o ausencia casi permanente del Estado mexicano en cuestiones de seguridad y justicia, los linchamientos y los denominados «justicieros anónimos» no pueden colocarse en el mismo cajón de estudio. Son igual de reprobables y violatorios del Estado de Derecho, pero tienen diferencia de origen evidentes.
Los casos sobre los denominados «justiciero anónimos» han tenido como víctimas a delincuentes identificables, muchas veces ultimados en flagrancia. Se trata de un fenómeno claramente relacionado con la delincuencia organizada o personas involucradas en torno al tema; con características claras de ajustes de cuentas y/o excesos debatibles de la acción judicial bajo el anonimato.
Los linchamientos o intentos de linchamientos responden a lógicas socio-culturales distintas, a prácticas añejas donde la ley vigente no ha tenido efectos; donde las garantías de un debido proceso simplemente no existen y las turbas enfurecidas pueden asesinar a causa de simples dichos, supuestos o señalamientos que no entienden razones.
Lo sucedido en San Francisco del Mar, Oaxaca, al chiapaneco Jesús Guillermo López González, empleado de la empresa farmacéutica Dipromed, quien fue confundido con un secuestrador, para luego ser detenido, torturado y asesinado, sacudió este fin de semana las redes sociales. La narración del comunicado emitido por la empresa resulta aterradora e indignante.
«Quien hablaba dijo, sin decir su nombre, ser autoridad en esa localidad y comentó que llamaba para confirmar que Memo laboraba para nuestra empresa, ya que tras la alerta que se activó en su zona acerca de un presunto secuestrador, detuvieron a Memo a bordo de nuestro vehículo de entrega y reparto, y que coincidía con las características reportadas. Nos pidió que se corroborara su legítima pertenencia a nuestra empresa y así lo hicimos, nos pidió que le proporcionáramos nombres de clientes de esa población y también cumplimos».
«Se dispuso establecer contacto con nuestros clientes para que también ayudaran a confirmar su identidad y honesta labor para justificar la presencia de Memo en esa localidad. Sin embargo, en los minutos que duró la llamada y la conversación, nos dijo que había una multitud enardecida que exigía la liberación del detenido para castigarlo».
«La llamada se cortó y minutos después, recibimos una segunda llamada de una persona que tampoco se identificó, pero que nos dio la trágica noticia: la multitud irrumpió la dependencia donde tenían detenido a Memo, lo torturó y asesinó cobardemente», detalló en algunas partes el comunicado de Dipromed.
Y algo similar estuvo a punto de suceder este mismo fin de semana en San Cristóbal de las Casas cuando un turista originario de Veracruz fue golpeado salvajemente por indígenas tzotziles del mercado José Castillo Tielemas, al ser confundido con un ladrón. Unos 50 indígenas tzotziles lo acorralaron cuando se encontraba en el centro de abasto y algunos de ellos procedieron a darle golpes, puntapiés y algunos usaron objetos como palos.
Los indígenas acusaron al turista de haber llegado al mercado a robar a los negocios, pero él dijo que sólo visitaba el lugar con su familia. El turista fue trasladado a un nosocomio para su atención y dijo que interpondrá denuncia ante la Fiscalía de Distrito, donde se abrirá una carpeta de investigación por hechos de violencia que se han vuelto una constante en entidades como Chiapas donde los ejemplos sobran.
Se trata de víctimas para las que la justicia no es efectiva, está sometida a las prácticas salvajes y simplemente no llega. Episodios de violencia anárquica que demuestran las debilidades del México como un país de numerosos oasis de ilegalidad donde las garantías de legalidad y justica son inaplicables o inexistentes, ante la mirada de un Estado omiso, permisivo y evidentemente rebasado.
