En Derechos Humanos, Chiapas está reprobado
En Chiapas hubo muy poco que celebrar este fin de semana en el marco del «Día Internacional de los Derechos Humanos». Y es que nuestro estado se ha convertido en una entidad federativa donde los principios universales de la dignidad humana se han vuelto permanentes objetos de vulneración, negociación política, omisión y violación sistemática.
De acuerdo al reporte emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Chiapas es una de las tres entidades del país donde más quejas se reciben sobre violaciones a los Derechos Humanos. La entidad chiapaneca se encuentra, incluso, por encima de estados como Veracruz donde las explicaciones están de más.
Y aquí los ejemplos sobran. Ahí están los casos recientes de San Juan Chamula, Chenalhó y Oxchuc donde los derechos políticos y sociales han sido pisoteados, obligando a los tribunales federales a emitir sentencias francamente vergonzosas que exponen la debilidad del sistema gubernamental estatal para garantizar el Estado de Derecho.
O qué decir del conflicto magisterial, donde la garantía de protección a los Derechos Humanos brilló por su ausencia. A mediados del año que ya concluye el sector docente vivió un estado de represión dignó de las peores dictaduras. Se les persiguió, intimidó, agredió y violentó sin el menor empacho posible.
Los ojos de los organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales estuvieron por buenos ratos en Chiapas. Aquí, para observar y pronunciarse por un conflicto magisterial que se volvió el ejemplo más escandaloso y mediático de lo que diariamente sucede dentro de la entidad (en menores escalas) para otros tantos sectores que viven en la lucha por sus derechos.
Se trata de omisiones a garantías esenciales que están cobrando vidas, como a las numerosas mujeres asesinadas por una violencia feminicida que el Gobierno de Chiapas ha solapado y acallado por años para evitar afectaciones a su imagen pública, demorando una Alerta de Género que todavía no provoca la reacción gubernamental que debería. La indiferencia ha sido esa constante lasciva.
Y qué decir del reconocimiento a los Derechos Humanos de la población LGBT. Se ha vuelto sin duda el ejemplo más vergonzoso de como se negocia con la dignidad humana y los derechos universales. El escándalo ha llevado al Poder Legislativo a ser noticia nacional por su descaro y arbitrariedad para poner sobre la mesa de grupos antagonistas la posibilidad de intercambiar Derechos Humanos por favores electorales.
A lo anterior se suma el grave problema de la migración ilegal por la frontera centroamericana en la que no hay garantías de que hablar. Además de otros tantos casos sobre despojos y/o escocidos ampliamente documentados donde las autoridades ambientales simplemente han quedado rebasadas e inutilizadas. Y si las dudas aún caben, ahí está el famoso caso de la calera en las inmediaciones del Cañón del Sumidero (Cales y Morteros del Grijalva) y Proactiva.
En todos los casos la responsabilidad absoluta de los tres poderes del Estado de Chiapas es innegable e ineludible. Se trata de una entidad federativa, ligada por de facto a la convencionalidad sobre Derechos Humanos, donde la población padece una orfandad e indefensión casi permanente a sus derechos fundamentales.
Un estado donde los organismos gubernamentales defensores están a merced del gobernante en turno y la garantía de hacer valer los derechos humanos es sólo menester de los discursos políticos o una decisión unilateral en manos de los dueños monopolizadores de los poderes absolutos en Chiapas. No señores, aquí en lugar de festejar, nos deberíamos que nos preocupar, pero -sobre todo- ocuparnos.
