Eduardo Ramírez y sus reformas fallidas
Lo errores garrafales configurados en la última reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas apuntan a constituirse como el mayor de los fracasos y violaciones cometidas por la actual legislatura chiapaneca (LXVI), bajo el control absoluto de Eduardo Ramírez Aguilar, quien, por cierto, sumó esta semana su segundo proceso de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en menos de un año.
El nuevo lío jurídico, hecho público esta misma semana, se trata de la Acción de Inconstitucionalidad 8/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), debido a diversas violaciones contenidas dentro de la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, mediante el Decreto número 044, el pasado 29 de diciembre de 2016.
Los señalamientos apuntan directamente a los artículos cuarto, séptimo, octavo y 98 de la constitución chiapaneca, en los que se violentaron de manera directa 23 derechos esenciales reconocidos por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales. Omisiones o acciones legislativas de gravedad que tendrán consecuencias directas en diversos grupos vulnerables y obligaciones del Estado, que simplemente no puede estar a negociación.
De manera sintetizada, la demanda de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra el legislativo estatal denuncia violaciones a derechos como al sano desarrollo de la niñez; la protección a la familia; de los pueblos y comunidades indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos; a la igualdad entre el hombre y la mujer; al libre desarrollo de la personalidad; a la identidad; a la vida privada; a la integridad personal; a la protección de la salud; y a la de equidad; entre otros.
El expediente 8/2017 se suma a la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016 que ya se encuentra en proyecto de sentencia dentro la SCJN. Se trata de otra omisión de la actual legislatura chiapaneca, referente a la discriminación sistemática dentro del Código Civil por motivo de orientación sexual e identidad de género. Ambos casos significan desacatos graves al nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos.
Los dos procedimientos dentro de la Suprema Corte representan imperdonables errores dentro del actual trabajo legislativo. Y es que, las Acciones de Inconstitucionalidad no son asunto menor. Se trata de una de las herramientas jurídicas más importantes dentro de la Constitución para impugnar leyes que atenten contra los propios derechos constitucionales en México. Mecanismos que sólo pueden ser activados por figuras especificas cuando se reúnen las pruebas suficientes para argumentar una contradicción constitucional de gravedad.
Por eso la situación resulta apremiante y vergonzosa, porque expresa faltas legislativas imperdonables que pronto podrían estar declarando a la actual legislatura chiapaneca como una «violentadora consumada» de la carta magna en México. Se trata de acciones u omisiones que no debieron cometerse y seguramente costarán caro para las aspiraciones político-electorales del actual presidente del Congreso estatal.
Hoy, en otras instancias, como el Tribunal Federal Electoral (Trife), se dirimen procesos paralelos en contra de las reformas recientes a la asignación de prerrogativas durante años no electorales, que se suman a la serie de litigios que tienen al legislativo chiapaneco en la mira del Poder Judicial de la Federación. Es, junto al resto del procesos, una situación excepcional que seguramente dará mucho de qué hablar durante los siguientes meses, justo en un año preelectoral tan decisivo con este… Así las cosas.
