Exconsejeros al Amate por fraude electoral de 2015
Y como no hay plazo que no se cumpla, tal como adelantamos la semana pasada en este mismo espacio, finalmente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) dio a conocer la liberación de las órdenes de aprehensión contra los seis ex consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas, que participaron en el fraude electoral cibernético de los comicios de 2015.
Tras varios intentos políticos para detener el fallo adverso dentro del proceso judicial, este miércoles se anunció lo que parecía inevitable. Son en total seis órdenes de aprehensión las que se giraron, consiguiendo la captura (hasta la tarde de este 15 de marzo) de la ex consejera electoral y actual Directora Jurídica del Congreso de Chiapas, Margarita Esther López Morales, quien ya se encuentra en el penal de «El Amate».
De acuerdo a las previsiones de la Procuraduría General de la República (PGR) se contempla que durante las siguientes 24 horas sean cumplidas las cinco órdenes de aprehensión pendientes para consumar la presentación y consignación de los consejeros electorales restantes y la ex Secretaria Técnica de dicho instituto.
Aunque las autoridades no han precisado el nombre de los consignados, fuentes cercanas a la FEPADE señalan que, entre los nombres implicados, algunas de las órdenes de aprehensión están dirigidas a María de Lourdes Morales Urbina, ex presidenta del Consejo General del IEPC y los ex consejeros Carlos Enrique Domínguez Cordero e Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, integrantes de la comité técnico encargado de los comicios en el extranjero.
Se trata de un proceso judicial por el delito de fraude electoral, debido a la alteración del padrón del listado de electores, previsto y castigado por el Artículo 13, Fracción Primera, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Un caso que ha involucrado de manera directa al ex diputado favorecido por la votación en el extranjero, Roberto Pardo Molina, y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que los postuló y respaldó durante dicha elección.
La responsabilidad penal de los involucrados salta a la vista con suma facilidad. Y es que, las pruebas expuestas hablan de un fraude evidente y hasta cínico, que extrañamente no fue detectado por los encargados de vigilar y aprobar que el proceso careciera de irregularidades. Así, la lista nominal pasó de alrededor de mil electores en 2012 a más de 10 mil en 2015, con presuntos chiapanecos registrados para votar desde países tan distantes como Uganda, Cabo Verde y República Checa.
Para entender lo desproporcionado del asunto, es importante precisar que los votos contabilizados para elegir al denominado diputado migrante en el Congreso de Chiapas fueron equivalentes al 25 por ciento de todos los votos registrados en el extranjero durante la elección presidencial de 2012 en México. Sin duda, una situación que debió llamar la atención de primer momento a quienes conformaban el Consejo General del IEPC, pues sólo se requería de sentido común.
Tan tremendo problema que hoy ha caído por completo sobre los hombros de los ex consejeros electorales chiapanecos es un precedente para la desacreditada historia democrática de Chiapas. Habla de la corrupción existente (y ahora comprobada) dentro de los organismos electorales, que se maquila desde las altas esferas del poder, pero termina concentrando sus responsabilidades absolutas en autoridades electorales dispuestas a fungir como «chivos expiatorios».
En materia estrictamente jurídica hoy se ve complicado que los ex consejeros del IEPC vayan a purgar largas penas de reclusión por un delito que no se considera grave. Seguramente serán consignados, para finalmente enfrentar sus respectivos procesos judiciales en libertad, pero inhabilitados para ostentar cargos como la Dirección Jurídica del Congreso de Chiapas o auditor regional de la Auditoría Superior de la Federación, donde peculiarmente dos de las implicadas se desempeñaban.
