Por Claudia Corichi
La aprobación de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México (CDMX) marca un momento relevante para la construcción de una sociedad más igualitaria. No se trata únicamente de una nueva política social; implica reconocer que el cuidado es un asunto público y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos.
Durante décadas, el bienestar de millones de personas ha descansado sobre una realidad invisible: el trabajo de cuidados no remunerado que realizan principalmente las mujeres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destinamos más del doble de tiempo que los hombres a las labores domésticas y de cuidados. Si ese trabajo se contabilizara como una actividad económica, representaría alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional, una aportación fundamental para la economía y el bienestar colectivo.
La nueva legislación local busca responder a esta desigualdad histórica mediante la creación de un sistema articulado de servicios, infraestructura y programas dirigidos a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes requieren apoyos para su vida diaria. El objetivo es claro: redistribuir las responsabilidades de cuidado entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado y que recaía en las mujeres.
Sin embargo, la aprobación de una ley no garantiza por sí sola la transformación de la realidad. La experiencia internacional demuestra que los sistemas de cuidados exitosos requieren tres elementos fundamentales: financiamiento suficiente, coordinación institucional y continuidad política.
El caso de Uruguay, pionero en América Latina, ofrece lecciones valiosas. Su Sistema Nacional Integrado de Cuidados avanzó gracias a una planeación gradual, la definición de prioridades y la asignación de recursos específicos. Al mismo tiempo, enfrentó desafíos derivados de restricciones presupuestales y cambios en las prioridades gubernamentales. La principal enseñanza es que los sistemas de cuidados no se consolidan de la noche a la mañana; son políticas de Estado que requieren visión de largo plazo.
En la CDMX, el primer reto será presupuestario. La expansión de centros de atención, servicios especializados, estancias y programas de apoyo demandará recursos crecientes en un contexto de restricciones financieras, pero no cabe duda que es fundamental y que no debe la sociedad seguir descansando en el trabajo no remunerado de millones de mujeres.
El segundo desafío será la coordinación entre dependencias y alcaldías. Un sistema de cuidados involucra áreas de desarrollo social, salud, educación, movilidad, trabajo y planeación urbana. Sin mecanismos eficaces de gobernanza, el riesgo es que las acciones permanezcan fragmentadas.
Existe un reto cultural que suele recibir menos atención. Ninguna ley modificará por sí sola los roles y estereotipos que asignan el cuidado casi exclusivamente a las mujeres. La corresponsabilidad debe reflejarse en los hogares, los centros de trabajo y las políticas de conciliación laboral.
Se ha dado un paso importante digno de reconocer y felicitar a nuestras y nuestros legisladores locales. Ahora comienza el maravilloso reto de convertir un reconocimiento jurídico en servicios accesibles, de calidad y con cobertura suficiente para quienes cuidan y para quienes requieren cuidados ¡Que así sea!
