Especialistas rechazan categóricamente la iniciativa e indican que hay afectación directa en el manejo de los recursos naturales y áreas naturales protegidas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]erivado del interés de la sociedad civil organizada por analizar la Ley General de Biodiversidad (LGB), que está en proceso de reforma, y de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, en proceso de creación, se llevó a cabo el Foro Diálogos Sobre el Marco Legal para la Biodiversidad y Manejo Sustentable de Recursos Naturales en Chiapas.
A partir de las conclusiones a las que llegaron académicos, ambientalistas y estudiantes durante el análisis de las leyes, se espera que haya una reacción en el Senado de la República y en breve las propuestas ciudadanas puedan abrir el diálogo entre sociedad civil y legisladores.
Como resultado de las mesas de trabajo, que tuvieron lugar en la capital del estado y en la que participaron 302 personas (130 hombres y 172 mujeres), se concluyó que en Chiapas se rechaza categóricamente la iniciativa de decreto por el que se expide la LGB, por lo que propondrán se la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre y de los artículos del 44 al 87 Bis. del título segundo denominado Biodiversidad; así como que se mantengan los artículos 75 Bis , 87 Bis-1 y 87 Bis-2 de la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, ya que se considera anticonstitucional.
La ley vulnera la conservación de especies silvestres y áreas naturales protegidas, por lo que exigen que no existan modificaciones a las actuales leyes hasta que las autoridades competentes realicen una consulta pública que garantice el consentimiento de la ciudadanía, garantizando el acceso de las comunidades indígenas y rurales en la información, de manera congruente a las características socioculturales.
Chiapas es el estado que ocupa el segundo lugar en biodiversidad en México y a su vez, ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Tanto la LGB como la Ley Forestal afectan directamente al estado y sus habitantes, a decir de los activistas.
Por lo tanto, aunque admitieron estar a favor de la creación de una nueva ley, aclararon que ésta debe ser inclusiva, abordar más las perspectivas de diferentes estados y de diferentes actores del sector forestal.
«Con estos foros de participación esperamos que las opiniones no sólo sean escuchadas, sino que puedan tener una garantía para su implementación en las personas que toman las decisiones», dijo la bióloga y miembro organizadora del foro, Sandra Urania Moreno Andrade, durante su intervención.
Diálogo o no hay reforma
El teatro universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fue la sede del foro en donde las asociaciones civiles y organizaciones ambientalistas Tierra Verde, Cecropia, Medio Ambiente, Productividad y Sociedad, Maps, Pro Natura Sur y Ambio, que durante años han trabajado e incidido en el cuidado ambiental, compartieron conocimientos y experiencias con estudiantes interesados en el tema.
Finalmente exhortaron al Congreso de la Unión a una serie de consultas en el estado de Chiapas, para abrir el diálogo y generar recomendaciones puntuales a partir del proceso ya existente.
«El primer tema que se acordó fue priorizar el manejo forestal sustentable en terrenos con vocación forestal, abordar temas relacionados con la tala ilegal, la inspección y vigilancia forestal, sobre todo incluir en la nueva ley medidas aplicables para inhibir en la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales, maderables y no maderables».
Además, destacaron armonizar legislativamente el manejo forestal, sustentable y el modelo de conservación; y como último punto, fortalecer un esquema de participación multiescala, incluyente e integral.
El foro contó con la presencia y participación de Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, quien además será el conducto para llevar las propuestas hasta el Senado.
En entrevista, calificó como «muy valioso» que en un estado que es actor relevante en ambas leyes, apoye en llevar propuestas a los legisladores que trabajan específicamente en el tema.
«Ha sido una ley que ha despertado opiniones encontradas y para un estado como Chiapas, es sumamente importante que la experiencia y los conocimientos que aquí existen se tomen en cuenta para una legislación con tantas implicaciones».
Con conclusiones tan claras y específicas se espera que la declaratoria tenga un impacto que se reproduzca en otras entidades y conjuntamente puedan impedir su aprobación tal y como está.
Este ejercicio da muestra de la fortaleza de las asociaciones ambientales locales y se espera que sea el inicio de diálogos que fomenten la educación ambiental e incidan en la reforma de leyes que favorezcan el medio ambiente.
