La celebración del 10 de mayo congrega a familias enteras y también es día de reflexión sobre problemáticas relacionadas con distintos tipos de maternidad. Con base en datos del Inegi sabemos que en 2021, un 15% de mujeres en México que tenían menos de 20 años fueron madres. En Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, más de 25% de los nacimientos registrados de madres solteras correspondió a adolescentes menores.
Unicef, la agencia de Naciones Unidas para la infancia publicó hace unos días un preocupante informe respecto al matrimonio infantil. Se calcula que en todo el mundo 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, a razón de 12 millones de niñas al año. La India ocupa el primer lugar, le sigue un bloque de 10 países entre los que se encuentran México.
La policrisis mundial, especialmente la desigualdad económica y los entornos vulnerables dificultan el acceso de las niñas a la educación, a la salud, la recreación y los servicios sociales que pueden protegerlas de esas prácticas. Según Unicef, en nuestro país 10.1 millones de niñas y mujeres se casaron por primera vez o estuvieron unidas antes de los 18 años.
Desde 2019 el Código Civil Federal establece el requisito de 18 años para contraer matrimonio; a partir de entonces todos los Códigos civiles locales se homologaron y prohibieron las uniones entre mayores de edad y menores, aunque faltaba tipificar las sanciones.
Tras una intensa labor de sensibilización impulsada entre otras por la Diputada Eufrosina Cruz, el Congreso aprobó incorporar un Capítulo al Código Penal Federal para imponer penas de ocho a quince años de prisión a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años equiparable a la de un matrimonio; si la víctima es indígena o afromexicana el castigo aumentará hasta 22 años. Resta homologar los 32 códigos penales locales y capacitar a las fiscalías para implementar protocolos de denuncia.
Las niñas madres viven bajo condiciones de vulnerabilidad socioeconómica: enfrentan serios obstáculos para su inserción laboral, lo que dificulta la obtención de ingresos para su subsistencia; son víctimas directas o indirectas de violencia en el entorno familiar y comunitario y no encuentran cobertura en los programas sociales.
Elegir la maternidad deberá ser siempre una elección razonada que además de estar plena de amor, sea producto del consentimiento adulto y esté alejada de violencias y pobreza. Los cambios legales ya están aquí, ahora falta promover la educación sexual, los derechos humanos de la infancia, así como políticas públicas que abatan las desigualdades.
