Pese a las múltiples promesas oficiales para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los migrantes centroamericanos, las cifras recabadas por organizaciones civiles siguen contrastando con los «buenos deseos», contabilizando al menos 70 mil inmigrantes reportados como desaparecidos en territorio mexicano de 2006 a la fecha.
Hace sólo unos días, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humano (CEDH), Juan Oscar Trinidad Palacios, dio a conocer que dentro de poco se tiene prevista la firma de un convenio para retomar la investigación de migrantes desaparecidos en territorio chiapaneco.
Se trata de personas que todos los días arriesgan su vida al cruzar México con destino a los Estados Unidos. Son terrenos escabrosos donde algunos pierden la vida entre los rieles del tren y otros tantos mueren a manos de bandas delincuenciales o autoridades corruptas que abusan del anonimato y desamparo de los migrantes para sacar provecho.
Son cifras que avergüenzan a México, pues según expedientes del Movimiento Migrante Mesoamericano (M3), durante los últimos ocho años se ha registrado la desaparición de entre 70 mil y 150 mil personas. Con cifras inexactas debido a que muchas familias de los desaparecidos no siguen el proceso de búsqueda por falta de recursos.
El Movimiento Migrante confirmó la advertencia. Con el anunció del nuevo plan para la frontera sur realizado por el presidente Enrique Peña Nieto se disminuyó en un 70 por ciento el uso del tren como medio de transporte, pero no el tránsito de inmigrantes centroamericanos que ahora utilizan medios más peligrosos para cruzar.
La atención al problema necesita más que declaraciones, requiere de modelos que faciliten el tránsito de los migrantes por México, que los saque de las sombras, fuera de rutas y medios de alto riesgo en territorio nacional y les permita además denunciar cualquier arbitrariedad sin el temor de ser vejados y expulsados de un país que ni siquiera el su destino final.
El asunto debería abordarse como un tema de prevención y no como de identificación de víctimas, donde se condiciona a las familias centroamericanas a la interposición de una denuncia penal en México para comenzar la búsqueda y se entregan cadáveres aún sin autentificar la identidad con pruebas de ADN.
Sin duda hace falta mucho trabajo por hacer. Se requiere de reformas a las leyes federales para modificar el estatus legal de los migrantes centroamericanos que cruzan por México, de garantizarles un trato digno y quitarles el estigma de ilegalidad para que finalmente México pueda predicar con el ejemplo a la hora de solicitar los propio al vecino del norte.
