José Ramón Cancino Ibarra, Víctor Marcelo Ruiz Reyna y Armando Aroshi Narváez Tovar son los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, engranes del sistema anticorrupción
Portavoz / Staff
[dropcap]E[/dropcap]l Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado cuenta con tres nuevos magistrados en las personas de José Ramón Cancino Ibarra, Víctor Marcelo Ruiz Reyna y Armando Aroshi Narváez Tovar, quienes fueron nombrados por el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura, en sesión celebrada este martes.
En un boletín de prensa, el Congreso del Estado señala que el pleno de la asamblea aprobó de forma unánime la propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello, quien propuso a los personajes mencionados como prospectos para ocupar los puestos que ahora les han sido confirmados. Cancino Ibarra, Ruiz Reyna y Narváez Tovar, tomaron protesta e hicieron el juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución.
Posteriormente, durante la sesión también se leyó y aprobó el nombramiento hecho por el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, quien ahora tendrá a Horacio Reyes Pérez como fiscal del Combate a la Corrupción y a Hugo Gómez Estrada como Fiscal de Delitos Electorales, todo ello dentro de la Fiscalía General del Estado.
Otro de los puntos incluidos en la sesión, fue la lectura a la propuesta de Manuel Velasco Coello para nombrar a Erick Ocaña Espinosa como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para que se encargue de analizar y dictaminar.
En el resto de la sesión fueron abordados otros temas, entre ellos, se leyó un oficio firmado por el secretario general de gobierno, Juan Carlos Aranda, quien remitió al recinto la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Dicha Ley contempla, entre otros puntos, «fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.»
Posteriormente, el diputado Williams Ochoa presentó la iniciativa de decreto con la que se adiciona el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que es se encarga de regular, entre otras cosas las faltas graves cometidas por servidores públicos.
De acuerdo con documentos publicados en la página del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el artículo 49 es el primero del primer capítulo, del tercer título de dicha Ley. A la letra dice: «Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley», entre otros puntos.
En el orden del día de la sesión celebrada este martes, también se leyó el Punto de Acuerdo por el que se pide a la Comisión de Hacienda, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Hacienda, que tomen en cuenta un recurso para los pueblos mágicos de Chiapas, a la hora de dictaminar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estados en ejercicios fiscales subsecuentes en el ramo turístico.
Otro de los temas abordados fue la lectura que se dio a un oficio emitido por el Ayuntamiento de Tecpatán, el cual informa de la solicitud de licencia definitiva presentada por Mireya Velasco Díaz, quien ocupa el cargo de Sexta Regidora propietaria por el Partido Verde Ecologista de México.
En el apartado de puntos generales, el diputado Marcos Valanci brindó un informe en el que «detalló», dice el boletín del congreso, datos relevantes sobre el conflicto territorial existente entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, mismo que ha obligado a salir de sus casas a cerca de cuatro mil personas, víctimas del miedo a la violencia generada por los grupos armados que amedrentan en la zona.
Dicha situación ha sido catalogada como crisis humanitaria y crisis de derechos humanos por organizaciones especializadas en el tema, dado que miles de personas han huido a esconderse en la montaña, bajo condiciones inclementes de temperatura y con poco acceso a alimentos.
Es un conflicto con más de 40 años de vida que recientemente se ha recrudecido a raíz de asesinatos ocurridos en la región, donde existen grupos paramilitares, sobre todo en el municipio de Chenalhó.
Al respecto, Valanci dio cuenta del trabajo que está haciendo la Comisión Parlamentaria, en busca de establecer medios de diálogo, pacificación y gobernabilidad en la zona en conflicto.
Finalmente, se leyó un documento firmado por Juan Carlos Gómez Aranda, con el que busca abrogar el decreto número 281, con fecha 5 de septiembre del año 2012, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que «abrogó el decreto de desincorporación del bien inmueble denominado «Los Pirineos» ubicado en la colonia Plan de Ayala del municipio de Tuxtla Gutiérrez».
