En las últimas horas policías de la FGE detuvieron a Raymundo Eduardo «N», notario público en el estado de Chiapas con sede en la ciudad de Comitán de Domínguez, quien habría recibido el beneficio propio por la cantidad de 99 mil 200 pesos, sin realizar el trámite notarial por el cual fue contratado
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l día de hoy, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por un Juez del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dentro del expediente penal 05/2019, fue detenido por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, Raymundo Eduardo «N», notario público en el estado de Chiapas, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.
Lo anterior debido a la denuncia interpuesta por el ofendido Rubiel «N», quien en calidad de copropietario de los predios «Carmelo I», «Carmelo II» y «El Triángulo», ubicados en el municipio de Cintalapa, contrató los servicios del licenciado Raymundo «N», notario público en el estado de Chiapas con sede en la ciudad de Comitán de Domínguez, a efecto de que realizara la protocolización del cambio de régimen de propiedad privada de los predios en mención, para conformar un ejido, el cual se denominaría Pomposo II, sin embargo, el notario público a través del engaño y obteniendo un lucro indebido en beneficio propio por la cantidad de 99 mil 200 pesos, sin realizar el trámite notarial solicitado.
Destacando la declaración de cinco testigos, quienes expusieron haber estado presentes al momento que se le entregaron las cantidades de dinero al probable responsable por el trámite por el que fue contratado; de igual manera diversas documentales entre la que destaca el informe de la Dirección General de Notarías, que corroboran el dicho del denunciante en el sentido de que el notario no realizó trámite alguno, así como la pericial en materia contable en la que se determinó el quebranto patrimonial en agravio del ofendido fue por la cantidad de 99 mil 200 pesos, de acuerdo con los recibos expedidos por el fedatario público.
Por lo que fue puesto a disposición del Juez de la Causa para que resuelva su situación jurídica dentro del término constitucional, siendo importante señalar que por estos hechos el fedatario público podría alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.
