Inicio » Voz Pública » Omisión, complicidad e impunidad, amparan oleada de casos de abuso sexual infantil en escuelas de Chiapas
Héctor Estrada
Omisión, complicidad e impunidad, amparan oleada de casos de abuso sexual infantil en escuelas de Chiapas <br /> Héctor Estrada

Omisión, complicidad e impunidad, amparan oleada de casos de abuso sexual infantil en escuelas de Chiapas
Héctor Estrada

En Chiapas los espacios que deberían mantenerse como uno de los sitios más seguros para las y los niños parecen estarse convirtiendo en uno de los focos rojos de mayor vulnerabilidad para este sector, pues tan sólo en los últimos cinco meses se han registrado cinco presuntos casos con 32 víctimas de abuso sexual infantil al interior de las escuelas chiapanecas.
Organizaciones sociales como Melel Xojobal, Save the Children Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Chantiik Taj Tajinkutik, y la Brigada Feminista por la Autonomía, denunciaron este fin de semana la grave situación que enfrenta Chiapas en materia de abuso infantil. Un problema que –dijeron- se sigue suscitando sin que hasta el momento se haya hecho algo drástico para detenerlo.
Desde principios del presente año, distintas organizaciones defensoras de los derechos de los infantes advirtieron lo alarmante del problema, con casos tan graves como el del profesor Esteban Fidel Román Román, de la primaria bilingüe Ignacio Zaragoza, del municipio de Las Margaritas, quien fue acusado de abusar sexualmente de al menos 10 niñas.
En ese entonces, las víctimas revelaron haber sido “tocadas y desvestidas” bajo la amenaza del docente de que mataría a sus padres en caso de ser delatado; un suceso que aunque no se popularizó, generó gran indignación y repudio entre los que se mantuvieron al tanto de tan deleznable historia.
Lo lamentable del asunto fue que pese a ser detenido debido a la denuncia formal interpuesta por la madre de una de las víctimas, Esteban Fidel Román Román, fue liberado con una multa de apenas 35 mil pesos, siempre arropado por las insistentes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en apoyo al agresor.
Hoy la problemática se mantiene más vigente que nunca, con nuevos casos y más víctimas; 32 según las asociaciones civiles que se han abocado a documentar y atender la vergonzosa situación. Es un problema social del que, al menos durante el último año, no se han emitido cifras oficiales que permitan palpar la magnitud de la situación.
Son expedientes que se han hecho públicos a través de otras instancias, como el suscitado en el del municipio de Arriaga donde el maestro Juan Marcial Villalobos fue denunciado por abuso sexual de más de seis niñas; así como el registrado en San Cristóbal de Las Casas donde Luis Olivares Franco, maestro de segundo grado de primaria, fue acusado de abusar sexualmente de una niña de siete años, en la escuela primaria Héroes de Nacozari.
Además del documentado en el municipio de Tila donde el “Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” dio a conocer la denuncia de padres de familia en contra del profesor José Antonio Aguilera Morales, de la escuela Telesecundaria 233 Juan Sabines Gutiérrez, por el presunto abuso sexual de dos adolescentes de 13 y 16 años en la comunidad de Nueva Esperanza.

Autoridad omisa
Y es que, aunque la delegación estatal de la Secretaría de Educación (SEP), en voz de Josefa López Ruiz de Laddaga, ha asegurado de manera constante que existe preocupación en dicha dependencia debido a la alta incidencia de denuncias de abuso sexual infantil en escuelas chiapanecas, hasta el momento dicha inquietud sólo se ha quedado en declaraciones mediáticas y “buenas intenciones” que de nada sirven.
La realidad es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya ha documentado omisiones y dilaciones por parte de las autoridades educativas ante casos de acoso y abuso sexual en contra de alumnas y alumnos de escuelas de educación básica, especial y media superior de la entidad.
El mismo organismo (CNDH) ha revelado un incremento en las quejas contra la SEP por casos de violencia ocurridos en las escuelas. Así, se han emitido diversas recomendaciones, entre las que destacan la urgente necesidad de que las autoridades educativas implementen medidas rigurosas para evitar que aquellos miembros del personal escolar que ya han estado involucrados en una queja de abuso y/o acoso sexual vuelvan a cometer un delito de ese tipo.
Sin embargo, todo hace parecer que a las autoridades educativas les tiembla la mano a la hora de iniciar procedimientos legales en contra del personal magisterial acusado de abusos contra estudiantes o simplemente prefieren solaparlos. Nada tajante se ha hecho al respecto para instrumentar sanciones definitivas o candados más rigurosos que minimicen los riesgos.
Ya suficiente tienen los padres de familia con enfrentarse a un influyente sector del sindicato magisterial que –al mismo estilo delincuencia organizada- se aferra a encubrir y defender a sus colegas abusadores, amparados bajo la impunidad que les otorga la viciada estructura educativa, siempre más preocupada por defender el interés magisterial que velar por el buen desarrollo de los miles de estudiantes a su cargo.
De nada servirá la reciente modificación al Código Penal del Estado de Chiapas para elevar hasta nueve años de cárcel el castigo en contra quien cometa abuso sexual mientras no exista un compromiso verdadero de las autoridades involucradas en garantizar escuelas seguras para las y los niños de Chiapas.
Finalmente, aunque es aplaudible y resulta más redituable a los niveles de popularidad internacional el creciente interés de las autoridades federales y locales para salvaguardar la integridad de los niños migrantes, también se debe voltear la mirada hacia los propios que hoy enfrentan un escenario de mayor riesgo, no sólo al interior de las escuelas, sino en otros tantos ámbitos como el laboral.

@hectorestrada3

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

6 + trece =