Rainer Huhle, del Comité contra las Desapariciones Forzadas pone énfasis y alerta es su preocupación por el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) reiteró su severa preocupación porque en México persisten las desapariciones generalizadas, y porque en gran parte del país impera la impunidad y la revictimización.
Rainer Huhle, del Comité de la Convención de la ONU contra desapariciones forzadas, presentó hoy ante Alejandro Encinas, futuro Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, las observaciones de la evaluación realizada por dicho Comité a México durante un encuentro celebrado del 5 al 16 de noviembre, en Ginebra, sobre el tema de desaparición forzada.
Entre los aspectos que el CED destaca tras la revisión a México, está que en el país impera la impunidad, la desaparición generalizada se mantiene en gran parte del país, y hay serias deficiencias en las investigaciones de los delitos de desaparición forzada.
«Seguimos con la misma apreciación que hay una grave dotación de desaparición», reiteró Rainer Huhle.
Además, el organismo internacional se pronunció severamente preocupado por la demora en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; por la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas; el escaso número de condenas; la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención.
El representante del CED explicó que el estado mexicano ha utilizado el aspecto del federalismo mexicano como una excusa para no cumplir a cabalidad con las recomendaciones, convenios o los tratados en materia de derechos humanos, lo cual, aludió no es aceptable «el tratado es un convenio del estado y es responsabilidad del estado de distribuir las responsabilidades es su tarea. No es excusa, nosotros no les decimos cómo lo haga pero si decimos háganlo y hallen los caminos»
En su documento, el CED llamó al Estado México a «avanzar en la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente».
El CED también observó que hay variados obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Otro elemento que destacó es «la gravísima situación de impunidad y no sólo porque es una grave violación a la Convención sino» porque creemos que la impunidad es la base o fundamento» de los problemas.
Sobre la Ley General de Desaparecidos, dijo que el «problema es que a un año de la aprobación todavía no podemos ver implementación, ni la puesta en práctica».
«El Comité nota con preocupación el bajo nivel de implementación de la Ley General, por la falta de aprobación de su reglamento y de un ente coordinador para la elaboración de un plan de implementación, notando el incumplimiento de los plazos y fechas estipuladas en la misma Ley General y los obstáculos que surgen de la distribución de competencias del sistema federal para su cabal implementación»
Huhle también habló sobre la observación que hizo el CED en relación a la falta de garantías adecuadas para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones en la implementación y monitoreo de la Ley General, así como la ausencia de instancias semejantes a nivel local.
Otro de los aspectos en los que el Comité pone énfasis y alerta es su «preocupación por el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado parte, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad».
Rainer Huble explicó que cuando el CED emitió sus observaciones fue cuatro días antes de que la SCJN se pronunciara en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Explicó que en este tema de la militarización, la observación de la CED» no es recomendación sino un llamado. «La militarización no es el camino», sostuvo.
Cuestionado sobre la Guardia Nacional que plantea el nuevo Gobierno, Huhle informó que el CED no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, en su opinión personal respondió: «veo peligro».
La falta de garantías de independencia de las instituciones, de asignaciones de recursos presupuestarios, materiales y humanos suficientes, así como la falta de un plan de capacitación específico sobre la desaparición forzada, la Convención y la Ley General, son otras carencias de México en las que el Comité recalca en sus observaciones finales.
En materia de migrantes, él organismo recalcó en su reporte la «extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en el Estado parte. Asimismo, preocupa al Comité que las acciones tomadas resultan insuficientes para garantizar la prevención y la búsqueda, y el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas migrantes desaparecidas y sus familias.»
El CED realizó diversas reuniones para dar seguimiento a las recomendaciones y a la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas personas contra las desapariciones forzadas, que México ratificó en el año de 2011. El Comité, compuesto de 10 expertos y expertas en derechos humanos, internacionales e independientes dialogó con la sociedad civil de México el 7 de noviembre y después con el estado mexicano, el 9 de noviembre.
Diversas organizaciones civiles han destacado, la negativa por parte del Estado mexicano de reconocer la competencia del CED para recibir comunicaciones
individuales, y eso se agrava con las resistencias del Estado mexicano para dar cumplimiento a las Acciones Urgentes otorgadas por el Comité en el marco del artículo 30 de la Convención.
«En reiteradas ocasiones el Estado ha mantenido una postura en la que considera que «las medidas requeridas por el Comité tienen un carácter de recomendación y no y la búsqueda, y el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas migrantes desaparecidas y sus familias», señaló la organización civil Idheas, después de la revisión en Ginebra.
En las observaciones, el CED reiteró dicha recomendación (CED/C/MEX/CO/1, párrafo 14), en donde pide al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales.
Entre las recomendaciones del CED, llamó a la implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada en todos los niveles.
Con información de Sin Embargo
