Luego de la sustracción de su hijo por parte de su expareja y padre del mismo, María Guadalupe Carrillo Hernández acudió a la Fiscalía de la Mujer, al DIF Municipal y al Centro de Atención de la Mujer y en todos, las puertas le fueron cerradas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a privación de la libertad de un menor de edad que fue sustraído con violencia por su padre, sin el consentimiento de su expareja y sin contar con la custodia legal, evidenció la indiferencia, negligencia y falta de capacitación por parte del personal para atender este tipo de casos en Chiapas.
Este jueves, en conferencia de prensa, María Guadalupe Carrillo Hernández denunció que el pasado 7 de julio el señor Abelardo Ignacio Bucio Rincón, mantuvo secuestrado por 11 días al hijo de ambos, quien tiene tres años y en ese momento se encontraba en casa de sus abuelos maternos, de donde fue sacado por la fuerza por sus abuelos paternos.
Bajo el argumento de tener restringidas las visitas al menor, Abelardo Bucio mantuvo escondido a su hijo hasta que el pasado martes 18 de julio fue recuperado por su madre, con el apoyo de familiares y amigos.
María Guadalupe Carrillo dio a conocer que desde el día de la sustracción de su hijo acudió a la Fiscalía de la Mujer, al DIF municipal y al Centro de Atención de la mujer, instancias donde le fueron cerradas las puertas.
«Equivocadamente pensé que me apoyarían pero pude comprobar que la atención a la mujer es mala, me aseguraron que por tratarse del padre del niño no podían socorrerme para recuperar a mi hijo».
Cabe mencionar que la separación entre María Guadalupe y Abelardo Bucio se dio a raíz de las acciones violentas provocadas por las adicciones y compañías de éste.
«Temo por mi vida y por la seguridad de mi hijo, tengo miedo de que me lo quite y ahora sí no pueda recuperarlo, tengo que esperar la ayuda institucional escondida, sin hacer mis actividades para garantizar nuestra seguridad porque hasta ahora las instancias judiciales han hecho caso omiso a mis denuncias».
El mismo 7 de julio, María Guadalupe denunció en redes sociales lo ocurrido y fue, precisamente a través de las reacciones y comentarios de su expareja, como amigos y conocidos pudieron constatar la violencia con la que se dirige Abelardo Bucio quien, incluso, amenazó de muerte a María por haberlo exhibido públicamente.
Un delito más, impune
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustracción de menores por parte de un familiar que no tiene la custodia legal es un delito constitucional y el cumplir con el régimen de convivencia arriesga «el sano desarrollo de los menores».
No obstante, las autoridades judiciales en Chiapas se mostraron apáticas al caso y por tratarse de un hurto por parte del padre del menor, no actuaron de inmediato para brindar la ayuda y el acompañamiento a María Guadalupe para poder recuperarlo.
Se estima que en Chiapas, cerca del 70 por ciento de los hurtos en menores, se den por parte del padre, sin considerar que es un delito previsto en el Código Penal del Estado.
Actualmente, el juicio de demanda para obtener la custodia total del niño que interpuso María Guadalupe se encuentra detenido porque el personal está de vacaciones.
«No es posible que se toquen tantas puertas a instancias que dicen apoyar a la ciudadanía y no obtener ningún tipo de ayuda, por el contrario, mientras resuelven el caso debemos permanecer escondidos y con temor de ser agredidos nuevamente».
Lo único que ha hecho la Fiscalía del Estado es enviar una patrulla que durante 30 días rondará la casa en la que se realizó el delito, acción que desde la perspectiva de la madre es ineficiente.
Y es que ninguna instancia gubernamental respondió a su solicitud de justicia para ella y su hijo, y por el contrario demostraron incapacidad y omisión a los llamados.
