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Politica migratoria de contencin viola DDHH de personas migrantes

Politica migratoria de contencin viola DDHH de personas migrantes

La actual política migratoria en México debe ser modificada a fin de que los derechos de las personas migrantes sean respetados, puedan transitar por el país con seguridad, no sean vistos como criminales y se conviertan en personas activas en la sociedad

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias 

Ciudad de México. Pese a que se ha demostrado que una política migratoria de contención sólo incrementa la violencia y transgrede los Derechos Humanos de las personas migrantes, en México continúa implementándose, lo que coloca a migrantes, en particular a mujeres y menores de edad, en una grave situación vulnerabilidad: sin acceso a servicios médicos, escuela, comida, en alto riego de ser víctimas del crimen organizado, de la redes de trata de personas o de la explotación laboral o sexual, coincidieron especialistas en el tema.

Durante el programa «Análisis Feministas» de Radio Violeta, las especialistas mencionaron que la actual política migratoria en México debe ser modificada a fin de que los derechos de las personas migrantes sean respetados, puedan transitar por el país con seguridad, no sean vistos como criminales y se conviertan en personas activas en la sociedad. De no ser así, van a ocurrir más tragedias como la que sucedió el pasado 09 de diciembre en Chiapa de Corzo.

Ese mismo día un grupo de migrantes se transportaba  de manera hacinada en la caja de un transporte de carga  con el fin de buscar mejores oportunidades para sus familias, pero conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que resultó en que 59 migrantes fallecieron y otros 50 resultaron heridos, en ese mismo vehículo también iban menores de edad, y bebés. Este tipo de acciones, dijeron las especialistas, son a las que orilla la política migratoria del país, que no respeta los derechos de las personas, sino que criminaliza.

En otro escenario, el primer grupo de la caravana migrante que salió de Chiapas desde agosto de 2021 llegó a la Ciudad de México, sin embargo en su camino fue interceptado por un alto número de policías, quienes los encapsularon y agredieron, a pesar que en el grupo había mujeres embarazadas, con una discapacidad, menores de edad o bebés. Sin embargo, en un comunicado emitido por el gobierno de la Ciudad de México, se informó que el fin no era violentarlos, sino «informarles que había un albergue a su disposición en el Deportivo Santa Martha Acatitla, con agua, comida, servicios médicos y colchonetas».

Pese a este anuncio del gobierno, las personas migrantes decidieron seguir a pie y no confiar en las autoridades, quienes en su paso, de acuerdo con lo que han documentado organizaciones civiles, las han violentado, separado de sus hijas e hijos, obligado a subir a transportes para dejarlo en territorios desconocidos, no les han brindado información, por lo que actualmente este grupo de la caravana se encuentra en el albergue «La Casa del Peregrino San Juan Diego», y el pasado 14 de diciembre realizaron una marcha y protesta afuera del recinto del Instituto Nacional de Migración (INM) en la CDMX.

La académica e integrante del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Monserrat Narro Ibargüengoitia, detalló que este grupo de migrantes se encuentra en debate sobre si se quedan en la Ciudad de México o siguen su camino hacia Estados Unidos porque hay muchas mujeres embarazadas y menores de edad. Estas personas, añadió, salieron de Chiapas, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha retrasado la respuesta de sus solicitudes desde que inició la pandemia.

Narro Ibargüengoitia comentó que los grupos de la caravana van a salir aún más con el paso del tiempo porque no pueden regresar a sus países origen y el gobierno no les da ninguna solución efectiva. Ejemplo de ello, es que el 28 de octubre, el INM informó en un comunicado que otorgaría Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias para apoyar a las y los migrantes, pero éste papel sólo les sirve para acceder a ciertos derechos por un año, después de ello es muy difícil volver a conseguir este documento.

Estos «pequeños detalles», agregó, no son comunicados ni tampoco que si en ese año no solicitan algún otro tipo de trámite ya no podrán hacerlo porque la vigencia caducó, esto deja a las personas migrantes en un grave riesgo porque las obligan a recurrir a subirse en la caja de un transporte de carga  para buscar mejores oportunidades, comida, una vivienda, agua, y otras necesidades básicas que tienen.

En su opinión, aún falta que miles de personas migrantes emprendan sus viajes, por ello el gobierno mexicano necesita modificar su política migratoria de contención y criminalización por una que respete los Derechos Humanos, deje de difundir el mensaje de que los migrantes son «peligrosos» así como las imágenes del alto número de policías que emplea para «recibirlos» . Todo ello impulsa la estigmatización hacia esta población.

Para Narro es indispensable que la política migratoria demuestre que todas y todos tienen derecho a migrar, y que las autoridades en verdad trabajen para cumplir su labor, como que supervise las tarjetas humanitarias para que las personas migrantes puedan obtener otra cuando la primera caduque o pueda empezar otro trámite que garantice su estadía permanente en el país, como una persona activa de la sociedad.

Borrar la palabra mujeres

Durante la segunda parte del programa se abordó el tema del «borrado de las mujeres». Al respecto, la directora de la Coalición Regional contra  el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que el dictamen que pretende borrar la palabra mujer de diversos artículos de la Constitución federal, es un retroceso a los Derechos Humanos de las mujeres y un intento de desplazarlas de la Constitución, en particular de los artículos 4o y 34;  lo que abriría la puerta a no cumplir con la paridad de género, y así no garantizar los derechos de las mujeres tanto en las normas como en las leyes.

Ulloa Ziáurriz explicó que este cambio es un retroceso también a la lucha del movimiento feminista, que durante años ha pugnado porque las mujeres sean nombradas en los marcos normativos a fin de ser reconocidas como sujetas activas en la sociedad, autónomas, que su voz sea tomada en cuenta, y que tengan leyes específicas que atiendan sus necesidades, ya que en la actualidad son violentadas, invisibilizadas, y su papel es poco reconocido.

Por esas razones, dijo, es importante que no se borre la palabra mujer de las normativas, pues impulsaría que fueran aún más olvidadas, por lo que si este cambio tiene como fin que todas las personas sean consagradas dentro de las legislación, es indispensable que se hagan los cambios necesarios, pero sin dejar de nombrar a las mujeres o poner en riesgo sus Derechos Humanos.

Es necesario recordar que esta modificación es resultado de un dictamen presentado en 2018 por el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso reformar siete artículos constitucionales para introducir conceptos como identidad, expresión de género, entre otros, para así reformar 28 artículos constitucionales en materia de igualdad.

Este dictamen, que además conjunta 50 propuestas de diferentes partidos políticos, fue aprobado en marzo de 2021, pero no fue votado, por lo que pasó a manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados. En noviembre, las y los diputados tuvieron la intención de aprobar el dictamen, que borra la palabra «mujer de la Constitución Federal», sin embargo debido a la complejidad de esta acción y del contenido del dictamen, acordaron replantear el proyecto y hoy sigue en debate su aprobación.

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