Un centenar de auditores han sido designados para abonar a la transparencia en la aplicación de los fondos públicos y privados que se destinan a las familias damnificadas, dio a conocer el OFSCE
Portavoz Staff
[dropcap]S[/dropcap]erán 100 auditores que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) pondrá a disposición de lo que se requiera para la fiscalización de los recursos que se aplicarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.
El propósito es que los órganos fiscalizadores abonen a la transparencia en la aplicación de los fondos públicos y privados que se destinan a las familias damnificadas, dio a conocer la misma dependencia mediante un comunicado expedido ayer.
Asimismo, el OFSCE extendió su reconocimiento y respaldo a la iniciativa del gobernador estatal, Manuel Velasco Coello, quien inicialmente habría hecho el miércoles la solicitud de fiscalizadores a instancias federales.
El órgano estatal —que encabeza el auditor superior Alejandro Culebro Galván— aseguró que mantendrán en cada una de las brigadas de auditoría, un sistema de quejas y denuncias permanente y abierto a la ciudadanía.
«El OFSCE reitera su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo nos unimos como chiapanecos para que juntos salgamos adelante», concluyó la misiva enviada a los medios.
La petición
El mandatario estatal formalizó su solicitud a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (SFP) para coadyuvar con esquemas de fiscalización de los recursos destinados a las tareas de restablecimiento en las comunidades, a través de la Contraloría General del gobierno estatal, que a su vez hizo llegar la petición a los diferentes organismos en la materia, a nivel local.
La intención de ello, informaron las autoridades, es brindar certeza ―tanto a la sociedad civil como a las familias afectadas― del destino de los montos que se han reservado para la recuperación tras el terremoto con epicentro en Pijijiapan.
También especificaron que las mayores afectaciones por cubrir financieramente están concentradas en obra pública como son viviendas, escuelas, comercios, edificios de valor histórico y caminos dañados.
