Primaria en Coita lleva nueve años invadida por “antorchistas”

Pese a que este problema fue heredado por la administración de Manuel Velasco, padres y madres denuncian que autoridades no han hecho nada para dar solución

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En la zona metropolitana de Chiapas hay escuelas públicas que no regresaron a clases, pero no por el riesgo de contagiarse de COVID-19, sino porque fueron invadidas.

Casi nueve años han transcurrido desde que docentes y estudiantes de la Escuela Primaria Federal Indígena “Felipe Carrillo Puerto” de la colonia El Porvenir del municipio de Ocozocoautla, dejaron de dar y recibir clases en este centro de educativo por ser despojada por presuntos integrantes de la organización Antorcha Campesina.

Integrantes del Comité de Padres y Madres de Familia de la Escuela Primaria Federal Indígena “Felipe Carrillo Puerto” de Coita, dieron a conocer que en octubre de 2022 se cumplirán nueve años desde que niñas y niños fueran desplazados y despojados de sus aulas escolares por el grupo conocido como Antorcha Campesina.

Los padres y madres de familia denunciaron que, desde octubre del 2013, el grupo de antorchistas arribaron a la colonia El Porvenir para llevar a cabo diversos ilícitos, pero el más perdurable, recalcaron que ha sido la invasión de la escuela primaria de la localidad.

Esta acción, destacaron que es una de las diversas acciones arbitrarias llevadas a cabo por este grupo, el cual añadieron que contó con el respaldo de funcionarios de la pasada administración (2012-2018), quienes eran conocedores del problema social-educativo.

Al existir omisión de las autoridades de la administración pasada, exhortaron a la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, intervenir ya que durante los últimos tres años no ha querido, ni coadyuvado a resolver el caso, violando los derechos humanos de las niñas y niños.

“Hoy hemos iniciado otro ciclo escolar en estas condiciones inhumanas, por lo que exigimos justicia y verdad”, lamentaron los padres y madres de familia a través de una denuncia pública en redes sociales.

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